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La Defensoría para la Igualdad multa a una sociedad gastronómica alavesa

Txoko Eder deberá abonar 900 euros por obstaculizar una investigación

A tres mujeres herederas de una plaza de su padre fallecido se les ha negado su ingreso en reiteradas ocasiones

Ana úrsula soto - Martes, 13 de Octubre de 2009 - Actualizado a las 07:21h

Maite Erro.

Maite Erro. (Foto: DEIA)

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Donostia. Emakunde ha sentado un precedente importante en la lucha contra la discriminación por motivos de género, aunque sea de forma indirecta y dentro de las posibilidades que permiten sus competencias. Si bien no puede sancionar a una sociedad gastronómica por no permitir la entrada de mujeres, tiene capacidad, y así lo ha hecho, para multar con 900 euros a una entidad de este tipo por "obstaculizar" la labor de la Defensoría para la Igualdad en su proceso de investigación tras recibir una denuncia.

La sociedad gastronómica Txoko Eder, de la ciudad alavesa de Puentelarrá, tiene que hacer frente ahora, por hacer caso omiso a los requerimientos de información de la institución que dirige Maite Erro, a una sanción de 900 euros. Su única forma de evitarlo está en apelar a la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en dos meses.

En 2006 ya se abrió un proceso similar contra la misma sociedad gastronómica. La resolución fue contundente: existe discriminación directa, por lo que dirigió ciertas recomendaciones al respecto. En aquella ocasión, la diferencia fue que los miembros de la sociedad colaboraron con la investigación.

45.000 euros Pero en 2008 la Defensoría comprobó que nada había cambiado, porque a tres mujeres, herederas de la plaza de su padre fallecido, se les negó su ingreso, según la queja que tramitaron. "Si sólo se tiene en cuenta lo ocurrido desde entonces, se podía haber considerado una sanción grave y muy grave, porque no ha habido ningún tipo de comunicación", afirma Silvestre.

Esto supondría que la sanción, en lugar de llegar desde Emakunde, se emitiría desde el consejo de Gobierno y podría alcanzar los 45.000 euros, además de ser inhabilitada para recibir cualquier tipo de subvención pública. "De hecho, se les acaba el contrato de alquiler y se ha puesto en cuestión que se les vaya a renovar porque es de una entidad pública", matiza la directora del Instituto Vasco de la Mujer.

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