Rubalcaba considera "prematuro" hablar de una posible actuación contra el sindicato LAB

BILBAO. El sindicato LAB es el último reducto legalizado que le queda a la izquierda abertzale oficial. Las Fuerzas de Seguridad del Estado y los jueces de la Audiencia Nacional no han actuado hasta el momento contra esa organización, pero las detenciones del martes en la sede de Donostia ha dado pie a las especulaciones. Ayer, los periodistas le preguntaban al ministro español de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, si esa circunstancia podría abrir el camino a algún tipo de actuación contra el sindicato. El ministro no dijo ni sí ni no, "de momento".

A Pérez Rubalcaba le parece "prematuro" hablar de esa posibilidad. "No creo que en este momento estemos en esa situación -aclaró-. Simplemente constatamos que la Policía ha visto que esta nueva mesa de Batasuna utilizaba la sede del sindicato LAB para reunirse y no sacaría ninguna conclusión más que ésa". Y a renglón seguido, apostilló que la Ley de Partidos, que permitió la ilegalización de Batasuna en el año 2003, "no prohibe ideas". "Todo el mundo puede pensar en España lo que quiera, lo que no se puede es defender esas ideas a través de la violencia, que nadie trate de tergiversar las cosas porque no hay ninguna persecución de ninguna idea".

PREGUNTAS Sin embargo, no todo el mundo lo tiene tan claro. El coordinador general de Ezker Batua, Mikel Arana, se preguntó si "la estrategia de detenciones e ilegalizaciones" del Gobierno español "llegará hasta LAB". Con la misma sospecha, Aralar llamaba ayer a sindicatos y partidos políticos a dar una respuesta unitaria en la calle.

Por lo demás, las valoraciones de esta nueva operación policial discurrieron por los derroteros habituales. Mientras entre los partidos y sindicatos abertzales se alertaba de las consecuencias que para la normalización del país puede tener la detención de personas sobre las que existen indicios de que apuestan por la vía de la política en detrimento de las expresiones violentas, desde el lado constitucionalista se aplaudía la actuación del juez Garzón y, al mismo tiempo, del Gobierno de Rodríguez Zapatero.

Así, el presidente del Euzkadi Buru Batzar del PNV, Iñigo Urkullu, resaltó en una conferencia en Madrid que las detenciones le generan "preocupación" e "inquietudes e interrogantes". "Desconozco las claves de por qué se producen ahora las detenciones, desconozco las claves de si obedece a procedimientos abiertos o si hay instrucciones en base a denuncias de prevaricación", señaló en referencia al juez Garzón, instructor del caso.

Rodolfo Ares, en cambio, no tenía ninguna duda. En su opinión, los arrestados "trataban de reconstruir una organización ilegal", dando prácticamente por probadas las acusaciones de Garzón. No lo veía tan claro, sin embargo, el también socialista Juan Carlos Campo, secretario de Estado de Justicia, quien afirmó que corresponde a los tribunales decidir si la detención de los dirigentes de la izquierda radical ha sido una actuación desproporcionada de la Audiencia Nacional.

Quien sí cerró filas en torno a la operación fue el Partido Popular. El portavoz del PP vasco, Leopoldo Barreda, se mostró partidario de "actuar frente a cualquier indicio de continuidad de Batasuna".

Las reacciones, por tanto, fueron las previsibles. Lo que marcó la diferencia con actuaciones policiales y judiciales anteriores fue el arresto del ex secretario general del LAB, Rafa Díez Usabiaga, un hombre que ha sido considerado siempre como el máximo representante del sector posibilista de la izquierda abertzale oficial. En este sentido, la operación del martes puede ser un salto cualitativo, y todas las miradas se dirigen hacia LAB.