La Diputación dice que el auto del TS no implica devolver los peajes cobrados

Bilbo. La Diputación Foral de Bizkaia ha indicado hoy que el auto del Tribunal Supremo que rechaza su recurso contra una sentencia de este mismo tribunal que anulaba la norma que reguló los peajes de la A-8 entre 2003 y 2007 "no implica la devolución de las cantidades cobradas".

Esa norma fue recurrida en su día por el Partido Popular por considerar que no se ajustaba a la legalidad, ya que el peaje no iba dirigido solamente a cubrir los costes de mantenimiento de la autopista citada, sino que estaba destinado a sufragar otros proyectos.

El portavoz del PP en las Juntas Generales de Vizcaya, Carlos Olazabal, ha asegurado hoy, en su valoración del auto, que la sociedad foral Interbiak, que gestiona la A-8 en este territorio, deberá devolver "todos" los peajes cobrados "ilegalmente".

En cambio, la Diputación Foral de Bizkaia, a través de un comunicado, ha asegurado que este auto del Tribunal Supremo "no pone en duda la validez del peaje, ni su cuantía, ni exige su devolución".

Para el ente foral, el tribunal considera en su auto que el establecimiento de los importes del peaje por tipo de vehículo y distancia recorrida "han de regularse mediante norma foral, y no a través de un decreto".

Por ello, la "consecuencia práctica" del auto es, según ha interpretado la Diputación, que se debe "elevar a rango de norma foral el decreto" que regula el cobro del peaje de la autopista.

Además, la Diputación ha considerado que la anulación de una norma "no afecta a la validez de los actos de aplicación de la misma que no hayan sido recurridos en tiempo y forma".

En este sentido, ha añadido que éste es el caso de los decretos forales que se dictaron durante la vigencia de la norma anulada, la Norma Foral 11/2002, y que determinaban los importes de los peajes, unos decretos que, según ha remarcado, "no fueron objeto de impugnación alguna".

La Diputación Foral de Bizkaia ha considerado que "carece de sentido" promover la presentación de reclamaciones por parte de los usuarios de la A-8 "basándose en el auto" del Tribunal Supremo.