López urgió a De la Vega a trasladar a los piratas para atajar la alarma social

BILBAO. Patxi López jugó un papel relevante en el traslado a España de los dos piratas somalíes acusados de secuestrar el Alakrana. El lehendakari reclamó a la vicepresidenta primera del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, un "gesto" para atajar la alarma social generada en Euskadi tras el asalto del atunero con sus 36 tripulantes.

Según ha podido saber este diario de fuentes cercanas a la Fiscalía General del Estado, el contacto telefónico entre López y De la Vega se produjo en las horas posteriores a la detención el sábado 3 de octubre de los dos piratas detenidos por la fragata Canarias en aguas frente a la costa de Somalia y antes de que los servicios jurídicos del Estado español presentaran la denuncia en la Audiencia Nacional.

La conversación telefónica se produjo en unos momentos de desconcierto en el Ejecutivo español sobre el destino de los dos detenidos. El abordaje del esquife y arresto de los dos piratas que viajaban en la barca tras haber abandonado el atunero se produjo a las 21 horas del 3 de octubre. De la Vega, que dirige el gabinete de crisis del Alakrana, empezó de inmediato a mover ficha e inició consultas tanto con la Abogacía como la Fiscalía General.

El fiscal consideró que jurídicamente no tenía un pase trasladar a los piratas y desaconsejó la medida, por lo que adoptó una actitud contemplativa, al igual que la Abogacía que, en primera instancia, optó por no actuar de motu proprio. Sin embargo, las presiones políticas obligaron a torcer el brazo a los servicios jurídicos del Gobierno español y se vieron obligados a tragar.

A instancias del Gobierno de Zapatero, en la madrugada del domingo, día 4, el abogado del Estado presentó la denuncia del secuestro, en contra del criterio del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que consideraban que no tenían jurisdicción para enjuiciarlos. El precedente del secuestro del Playa de Bakio tuvo mucho peso en la actitud de ambos. Ante las presiones, el fiscal también tuvo que ceder pero logró arrancar al Gobierno que se les trajera bajo la acusación de "36 delitos de secuestro".

A partir de ese momento, el juez Garzón -en funciones de guardia porque Santiago Pedraz estaba de baja- se vio obligado a hacerse con el caso e incoar las diligencias del proceso penal por secuestro del buque, con todas las consecuencias que de ello se derivasen. El domingo por la mañana, pocas horas después de que Garzón se hiciese con las riendas judiciales, se conoció la detención de los dos piratas y que la finalidad del secuestro era lograr un rescate.

A partir de entonces, los jueces y los fiscales se convirtieron en el centro de todas las críticas, mientras que el Gobierno y los partidos que han apoyado su gestión en este caso lograron zafarse en un primer momento de la presión. Sin embargo, semanas más tarde, el pasado 5 de noviembre, el desembarco de tres arrantzales por los piratas para ser puestos en manos de los familiares de los dos detenidos disparó los temores de los allegados a los secuestrados y precipitó los acontecimientos.

Las voces pidiendo la devolución de los piratas a sus países para que sean juzgados allí se extendieron por toda Euskadi y también en muchos sectores del Estado. López se sumó a ellas con una declaración institucional pidiendo a las autoridades judiciales pertinentes que "para facilitar la liberación de los secuestrados se estudie la posibilidad de que los dos piratas sean devueltos a su país de origen o a algún otro de la zona, para que sean juzgados allí".

Este tipo de declaraciones de quienes primero presionaron a jueces y fiscales y, luego, cuando el secuestro entró en un momento especialmente delicado, les pusieron en la picota por todo lo contrario, resultaron hirientes para los magistrados. La magistratura en general, incluidos los servicios jurídicos del Estados y los altos tribunales, se ha sentido traicionados, lo que ha provocado que se aireen en círculos jurídicos y políticos los contenidos de conversaciones privadas a todos los niveles.

Fuentes de Lehendakaritza consultadas ayer por este diario señalaron que López recibió el 4 de octubre una llamada de De la Vega para darle cuenta de las detenciones y sus detalles. Según estas fuentes, "el lehendakari le manifestó su preocupación de que las detenciones pudiesen perjudicar la liberación de los secuestrados". También subrayaron que fue López el primero en pedir al Gobierno español medidas legales para que los piratas fueran juzgados en su país de origen.