Los menores tutelados, incluidos inmigrantes, podrían percibir hasta mil euros al cumplir los 18

Bilbao. El Gobierno vasco quiere ampliar la renta de garantía de ingresos -antigua renta básica- a todos jóvenes mayores de 18 años que hayan sido acogidos por la Administración, edad que ahora está fijada en 23 años. Si los planes del Departamento de Empleo y Políticas sociales, que dirige Gemma Zabaleta, saliesen adelante los jóvenes que hayan estado tutelados por alguna institución -tanto autóctonos como inmigrantes- podrían llegar a cobrar una ayuda que ronda los mil euros mensuales. Según se advierte desde algunos ámbitos conocedores de la situación, esta medida podría tener efectos adversos: la desincentivación del mercado laboral y formativo, un agravio comparativo para el resto de jóvenes y un probable efecto llamada para los menores inmigrantes.

El decreto de la renta de garantía de ingresos está aún sin aprobar, aunque ya existe un borrador, al que ha tenido acceso DEIA; todo parece indicar que tendrá luz verde en breve, para que entre en vigor el 1 de enero.

El Parlamento Vasco aprobó el año pasado la Ley de Servicios Sociales, que establece las prestaciones que se ofrecerán desde la Administración en la CAV y las eleva a derecho exigible. Ahora, cada prestación está siendo regulada vía decreto, lo que supone que la aprobará de forma unilateral el Gobierno vasco. Aunque existen órganos consultivos como la Comisión Institucional de Servicios Sociales -en la que están representadas también las tres diputaciones y Eudel- y el Consejo Vasco de Servicios Sociales -en el que también se integran las asociaciones del tercer sector-, su papel es meramente consultivo y la última palabra está en manos del Gobierno vasco. La consejera Zabaleta es la gran impulsora del proyecto.

El decreto que regulará la renta de garantía de ingresos establece una serie de requisitos para percibir esta prestación, como estar empadronado en un municipio de la CAV, no disponer de recursos suficientes o no estar en prisión. La ayuda económica sólo se puede recibir a partir de los 23 años, aunque excepcionalmente también se puede cobrar desde los 18. ¿En qué casos? En los de especial necesidad: cuando sean huérfanas de padre y madre, hayan sido víctimas de maltrato doméstico, cobren pensiones de invalidez, tengan a su cargo a menores o adultos dependientes, o estén casados.

todos los menores También -y éste podría ser el objeto de la polémica- lo podrán recibir las personas "que han dejado de ser atendidas en los dispositivos de atención y protección a la infancia y la adolescencia al alcanzar la mayoría de edad, y se encuentren en servicios de alojamiento de emancipación orientados a la inclusión social", según recoge el citado artículo. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los menores que hayan sido tutelados por la Diputación tendrán derecho, al cumplir la mayoría de edad, a percibir la renta de garantía de ingresos, con un importe de entre 640 y 910 euros dependiendo del número de miembros de la familia. A ellos hay que añadir otros 250 ó 320 euros del complemento de vivienda, con lo que un joven de 18 años puede llegar a percibir casi 1.000 euros. El borrador del proyecto sí incluye el añadido de "siempre que se encuentre formalizado el correspondiente Convenio de Inclusión", lo que se traduce en un compromiso, por parte del perceptor, de una búsqueda activa de empleo o formación. En la práctica, se trata de una cláusula que no se cumple en muchos de los casos y que apenas se comprueba desde las instituciones.

La desincentivación de cara a trabajar o cursar unos estudios formativos que puede crear esta prestación en un joven de 18 años es obvia, para algunos expertos consultados. Al cumplir la mayoría de edad, los jóvenes que han estado tutelados por la Administración -las diputaciones en este caso-, conviven en pisos tutelados con educadores y completan su formación para continuar con su proceso de integración social. La medida desincentivaría incluso la participación en estos programas, al excluir de percibir el dinero a los jóvenes que participen en un "alojamiento de emancipación orientados a la inclusión social".

Esta prestación podría suponer un agravio comparativo para los jóvenes que no han necesitado de dispositivos de atención, que tienen que esperar hasta los 23 años para acceder a esta prestación.