La Cámara vasca reconoce a las víctimas de motivación política tras el "giro" de PSE y PP

Gasteiz. Junio de 2008. El entonces director de Derechos Humanos, Jon Landa, presenta un informe para pedir que Euskadi resarza y reconozca a aquellas personas que murieron durante la Transición española víctimas de la violencia bajo una motivación política. Un trabajo de investigación determina que, sobre todo en los años 70, al menos 109 personas fallecieron y otras 538 resultaron heridas a manos, principalmente, de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Como agresores también se apunta a grupos parapoliciales y de extrema derecha.

La Dirección de Derechos Humanos recogió estos datos en un informe que bautizó como Víctimas de vulneraciones de derechos humanos derivados de la violencia de motivación política y que encontró duras descalificaciones y la negativa de PP y PSE a apoyar las medidas que se planteaban para reconocer a estas personas como víctimas de la violencia. Pero lo que hace un año era, en palabras del hoy consejero de Interior, Rodolfo Ares, una "humillación a las víctimas del terrorismo", ayer se apoyó por unanimidad en el Parlamento Vasco, incluidos, esta vez sí, populares y socialistas.

El informe elaborado y presentado por Jon Landa en junio del año pasado determina que el 95% de las personas que murieron en la Transición no tienen relación con ETA y reconoce un número de víctimas fallecidas a causa de las torturas que recibieron. También se menciona que existen entre 5.000 y 7.000 denuncias de torturas. Casos todos ellos, explicó entonces el ex-director de Derechos Humanos, que tienen como nexo la "impunidad" de los autores y la "soledad de las víctimas".

Sorpresa Ayer, sus palabras regresaron a la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco de la mano de Aintzane Ezenarro (Aralar). La dirigente abertzale logró, para sorpresa propia y del resto de grupos, que PP y PSE se sumaran a la iniciativa para pedir el reconocimiento de que aquellas personas que fallecieron en manifestaciones u otros actos fueron víctimas de motivación política.

Un paso de incalculable trascendencia para el mundo nacionalista, que siempre ha subrayado que, mientras no se diera ese reconocimiento, la herida seguiría abierta en Euskadi, ya que estas personas no están reconocidas en la Ley de Víctimas del Parlamento Vasco.

El acuerdo insta a las direcciones de Derechos Humanos y de Atención a las Víctimas del Terrorismo a "continuar" la línea del informe elaborado por Landa y presentar, en el plazo de seis meses, una primera propuesta de medidas de reparación para estas personas, que padecieron "situaciones de sufrimientos injustos por la vulneración de derechos humanos provocada en el marco de la violencia vivida en Euskadi en las últimas décadas" y que han sido "desatendidas hasta la fecha".

Este mensaje, ahora, se ha acogido de manera distinta. Porque hace un año y medio, el PP, a través de su portavoz Santiago Abascal, llegó a solicitar la dimisión de Landa y el entonces consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, al entender que el informe acreditaba "la equidistancia repugnante de este Gobierno" con las víctimas del terrorismo. "Es una vergüenza absoluta", dijo en junio de 2008 el dirigente popular. Ayer, su compañero Carlos Urquijo reconoció en la Comisión de Derechos Humanos que "ha habido otras personas que han sufrido la violencia", más allá de ETA. Realidades, dijo, que "no han estado bajo los focos" y que no se han podido beneficiar de las medidas de reconocimiento y reparación que se plantean en el polémico informe.

El socialista Jesús Loza mostró la "satisfacción" del PSE por este acuerdo, donde se reconoce la existencia de "otros sufrimientos" diferentes a las víctimas de ETA. Por este motivo, señaló que se debe hacer un trabajo muy intenso, desde el rigor y la prudencia" para afrontar este tema, por lo que abogó por no "reabrir debates del pasado". Quizás en un deseo de olvidar las palabras de Ares, para quien el informe suponía una "humillación para las víctimas del terrorismo y cientos de policías, guardias civiles y ertzainas asesinados".

Entre las medidas planteadas por el informe de Landa, destaca la propuesta de elaborar una ley de atención a víctimas de violencia policial, la creación de una oficina de atención a esas personas y la constitución de una ponencia parlamentaria que analice sus necesidades.

Veto a familiares de Segi En la reunión de la Comisión de Derechos Humanos de ayer también se ratificó que los familiares de los detenidos por su presunta integración en Segi no podrán ofrecer su testimonio en el Parlamento Vasco. Por primera vez en su historia, la Cámara de Gasteiz se niega a admitir la presencia de un grupo de personas solicitada por un partido político. La suma PP-PSE les cerró ayer sus puertas en un precedente "grave" según los grupos nacionalistas y EB. Y en el logro, para PP y PSE, de que el Parlamento Vasco deje de ser el "altavoz de testimonios que disculpan la violencia". La impulsora de la iniciativa, Ain-tzane Ezenarro, recordó que los familiares no están detenidos y, que los que lo están, aún no han sido juzgados. "Todos -insistió- tienen sus derechos". "Esta decisión es inaceptable en democracia", recalcó.

El portavoz del PNV, Mikel Martínez, subrayó que con el veto de PP y PSE se cometen "dos atropellos" porque por primera vez se limita la capacidad de iniciativa de un grupo político, en este caso Aralar, y se prohíben unos testimonios en la Cámara. "Nuevamente vemos que quieren distinguir a ciudadanos de primera y de segunda", subrayó el jeltzale tras lamentar que, con la decisión de PP y PSE, las puertas del Parlamento Vasco estén "un poco más cerradas" para la ciudadanía vasca.

Frente a este discurso, PP y PSE esgrimieron el de la satisfacción por impedir que este grupo comparezca en la Cámara. El popular Carlos Urquijo situó la propuesta como la continuación del "escarnio que hemos padecido en legislaturas anteriores. Y ha sido suficiente. Los testimonios lo pueden hacer fuera, pero no aquí". El socialista Aitor Casado, indicó que "todo el mundo tiene derecho a expresar los problemas que tengan", incluidos los familiares de los detenidos, pero no en la Comisión de Derechos Humanos.