Un magistrado del Supremo tacha de inadmisible la máxima del "todo es ETA"

bilbao. El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Joaquín Giménez, considera que la doctrina jurídica del "todo es ETA" no se ajusta a los preceptos básicos de un Estado democrático. A su juicio, es el derecho penal basado en hechos el que tiene que guiar las sentencias de los tribunales en un Estado de derecho.

Giménez cree que la aplicación de esa máxima "no es en modo alguno admisible y ello supondría instaurar un derecho penal de autor, que es incompatible con los postulados del Estado democrático, que se funda en el derecho penal del hecho". En una entrevista concedida a la revista jurídica Res Pública, el ex presidente de la Audiencia Provincial de Bizkaia afirma que "se condena a una persona concreta por hechos concretos debidamente probados que constituyen un delito de terrorismo, pero no existe el terrorista con entidad abstracta". Abundando en esta línea, el magistrado cree necesario que las acusaciones de este tipo han de tener un "anclaje" en hechos concretos debidamente acreditados.

La doctrina del "todo es ETA" o del "entorno de ETA" fue acuñada inicialmente por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en varias sentencias contra las diferentes siglas de la izquierda aber-tzale oficial y las asociaciones afines para dictar su ilegalización. Esta máxima se extendió posteriormente a otros jueces y tribunales que la han aplicado con ocasión de causas relacionadas con la formación ahora ilegalizada.

En cualquier caso, el magistrado sostiene que en el Estado español "no hay delitos políticos", entendiendo por tal el delito de opinión. Pone como ejemplo la existencia de partidos de clara y explícita vocación independentista "que están desempeñando funciones de gobierno en alguna comunidad autónoma como Catalunya". En esta línea, destacó que "consciente o inconscientemente, en no pocas ocasiones se trata de confundir cuando se alega que se encarcela a personas por sus opiniones políticas". En este sentido, recordó que ETA es una organización semejante a la empresarial, con un reparto de responsabilidades o cometidos, pero con una conexión común entre todos los participantes que, a su juicio, "no es la del independentismo, sino la de la eliminación de la pluralidad política y la eliminación física de todo disidente".

sin margen Durante la entrevista, Giménez también se pronuncia sobre la situación actual en el seno de la izquierda abertzale ilegalizada. Tras reconocer que no se puede establecer un diálogo entre iguales "entre los terroristas y las instituciones del Estado" y que la "especificidad del terrorismo de ETA se encuentra en el apoyo social de un segmento significativo de la sociedad vasca", el magistrado del Supremo señala que el abandono del apoyo de la violencia por los que la han respaldado "puede hacer reflexionar" a la banda sobre la inutilidad de su actividad.

Considera que a ello puede contribuir el ejercicio de lo que denomina "procesos de autodeterminación individual" en esos sectores que han mostrado su comprensión e incluso su apoyo a la actividad terrorista de ETA.

Además, subraya que, después de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ratificando la ilegalización de HB, Batasuna y el resto de las siglas de la izquierda abertzale oficial, "ya no hay margen para cuestionamientos sobre la naturaleza política que se pretende respecto de las actuaciones imputadas a personas concretas".

Giménez se refirió también al denominado derecho de autodeterminación, para asegurar que "no hay lugar a que deba existir un reconocimiento" de éste en la legislación española. "La sociedad española se ha venido autodeterminando en cada proceso electoral de acuerdo con la propia naturaleza de éste, ya que, en el abanico de opciones políticas, hay también partidos con opciones independentistas".

Por último, afirmó que "la actividad judicial se encuentra en la encrucijada de tensiones opuestas, sobre todo cuando versa sobre cuestiones de gran trascendencia en sí misma o mediática".