Varapalo del Supremo a Piñeiro

bilbao. El lehendakari Juan José Ibarretxe, su sucesor Patxi López y el actual consejero de Interior del Gobierno vasco, Rodolfo Ares, jamás debieron sentarse en el banquillo por las conversaciones que mantuvieron con los dirigentes de Batasuna, encabezados por Arnaldo Otegi, en 2006. En un fallo dado a conocer el pasado 13 de enero, y cuya resolución se hizo pública ayer, el Tribunal Supremo rechaza que puedan criminalizarse los procesos de diálogo abiertos por un gobierno democrático.

En la resolución, el Supremo deja meridianamente claro que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), presidido por Fernando Ruiz Piñeiro, debió archivar la causa sin llegar a sentar en el banquillo a los querellados, "por tratarse de una causa de trascendencia política y mediática, con grave deterioro de la función jurisdiccional". Y es que el alto tribunal ratifica los límites de la jurisdicción penal cuando se refiere al "control de la actividad política ejercida por un gobierno democráticamente elegido y al que compete la dirección política en el ámbito de sus facultades para las que ha sido elegido, sin que puedan ser, en principio, criminalizadas las posiciones de diálogo para la búsqueda de la mejor opción de gobierno que garantice la ordenada convivencia social".

El Tribunal Supremo, dejando por sentado que no había lugar a abrir el proceso contra el lehendakari Ibarretxe, señala que los hechos imputados no son constitutivos de delito porque para ello hubiera sido necesaria la emisión de una orden expresa susceptible de ser desobedecida. El alto tribunal toma como antecedente la decisión que adoptó en 2007, por la que rechazó una querella presentada por el sindicato Manos Limpias contra el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, por la reunión que mantuvieron dirigentes del PSE con Otegi. Entonces ya esgrimió la misma razón, que no había una orden expresa que prohibiera dicho encuentro, lo que, según su parecer, mantiene una estructura similar que en el caso contra Juan José Ibarretxe.

El Tribunal Supremo estima, no obstante, el recurso de las asociaciones Foro de Ermua y Dignidad y Justicia en el sentido de reconocerles legitimación para solicitar la apertura del juicio oral sin necesidad de que la Fiscalía tuviera que acusar en este procedimiento. De este modo, el Supremo aplica a este caso la denominada doctrina Atutxa, que establece que cuando no es posible que actúe la acusación particular porque el delito carece de perjudicado concreto, la acusación popular puede instar por sí sola la apertura del juicio oral. Este punto recibió un voto particular del magistrado Alberto Jorge Barreiro, quien defiende que "las acusaciones populares tienen la misma legitimidad que las acusaciones particulares para intervenir como parte en el proceso penal en cualquier clase de delito".

Positivo Las reacciones no se hicieron esperar y por parte del PNV, el presidente del Bizkai Buru Batzar, Andoni Ortuzar, mostró su satisfacción por el hecho de que "la sentencia viene a demostrar lo que nosotros siempre hemos defendido, que las conversaciones políticas no son delito". Ortuzar, sin embargo, mostró su preocupación porque "quien ha sido el máximo dirigente de Euskadi se haya tenido que sentar en un banquillo". Por su parte, el secretario de Organización de EA, Mariano Álava, aseguró en un comunicado que la causa "termina como tenía que terminar, porque el ataque al diálogo político no tiene ningún sentido y no hay tribunal que pueda condenarlo".

En opinión del dirigente abertzale, "el juicio ha sido un absurdo en el que se ha intentado criminalizar el diálogo político, una de las bases de la democracia. Llevar a los tribunales conversaciones entre políticos en un sinsentido".

En la misma línea se manifestó el coordinador general de Aralar, Patxi Zabaleta, quien afirmó que "el diálogo social es una actuación que merece ser, no sólo tomada en consideración, sino también ensalzada, ya que supone un esfuerzo especial de cara a lograr la paz y la normalidad política".

Para Zabaleta, en los fundamentos jurídicos de la resolución, el Supremo "entra en el fondo del asunto y resuelve que no puede ser tomado como delito el diálogo que es efectuado de cara a obtener la paz y la normalización política, y que es ejercido por agentes legítimos y por instituciones democráticas en el marco de la sociedad".

La nota discordante llegó por parte del PP. Antonio Basagoiti, presidente de los populares en la CAV, afirmó que "no todo lo que no es ilegal es procedente y decente". En opinión de Basagoiti, "la argumentación jurídica esgrimida por parte del Tribunal Supremo es respetable, pero en política hay que tener en cuenta que es muy importante no volver a dar aire a unas personas que trabajan por los mismos fines que ETA".