De jueces... ¿a juzgados?

bilbao. ¿Puede ser tipificado como delito la actuación de los jueces que insistieron en sentar en el banquillo a un lehendakari, al entonces jefe de la oposición y a distintos miembros de Batasuna? ¿Tienen alguna responsabilidad? ¿Qué tipo de reparación tiene la injusticia que llevaron a cabo? Éstas son las preguntas que se hace Miren Azkarate, catedrática de la UPV y portavoz del Gobierno vasco con Juan José Ibarretxe como lehendakari.

En el artículo publicado en esta misma página, Azkarate se pregunta por la razones que llevaron a los magistrados Fernando Ruiz Piñeiro, Antonio García y Roberto Saiz para seguir adelante con una causa que, tal como ha señalado el Tribunal Supremo, jamás se debía haber iniciado. Azkarate deja para la reflexión una aseveración de hondo calado. "Quizás el fiscal entienda, según los razonamientos del Tribunal Supremo, que los magistrados citados adoptaron decisiones injustas a sabiendas, incluso, de las que estaban adoptando". Según la Real Academia de la Lengua, dictar una resolución injusta a sabiendas tiene una definición clara: prevaricación. Algo que está tipificado en el Código Penal.

Lo cierto es que la sentencia del Supremo ha sido un torpedo en la línea de flotación del TSJPV (Tribunal Superior de Justicia del País Vasco) y de su presidente, Fernando Ruiz Piñeiro. Juristas consultados por DEIA destacan, sobre todo, la reprobación que el alto tribunal realiza por la actuación de Piñeiro. En la sentencia hecha pública el pasado lunes, el Supremo señalaba que nunca debió iniciarse el proceso por "tratarse de una causa de trascendencia política y mediática, con grave deterioro de la función jurisdiccional".

Emilio Olabarria, portavoz del PNV en la Comisión de Interior y Justicia del Congreso, asegura que pocas veces ha visto una reprobación tan directa a la actuación de un tribunal. "Es cierto que el Supremo suele revocar sentencias de tribunales de rango inferior, pero en este caso lo que ha dejado meridianamente claro es que nunca se debía haber abierto este proceso. Con un lenguaje inusual, por la dureza con la que se explica, el Supremo dice al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que en ningún momento se debía haber abierto el proceso", asegura.

Olabarria considera que la sentencia del Supremo no acarrea el hecho de que Ruiz Piñeiro dimita como presidente del TSJPV, "ni siquiera significa que no se pueda presentar a la reelección, pero sí se puede entender como un toque moral". Añade que el grupo de jueces conservadores que apoyan a Ruiz Piñeiro deben tener en cuenta lo que ha dicho el Supremo. "Y otro tanto ocurre con los magistrados considerados como independientes", apostilla.

Con respecto a la sentencia, Olabarria considera "lo que teníamos claro, que no puede ser un delito entablar conversaciones políticas". Además, el diputado jeltzale recuerda que en las reuniones que mantuvo el lehendakari Ibarretxe con miembros de la izquierda abertzale ilegalizada, "éstos acudieron a título individual, y aún en aplicación de la Ley de Partidos, se puede penalizar la actuación de un partido, pero no se pueden vulnerar los derechos individuales de cada uno".

Juanjo Álvarez, catedrático de Derecho Internacional Privado, incide también en la reprobación que hace el Tribunal Supremo de la actuación de los jueces del TSJPV. "El Supremo, de forma directa, les ha dicho que no se debía haber abierto el proceso. Les recuerda que, con anterioridad, el Supremo desestimó abrir proceso contra Rodríguez Zapatero por sus conversaciones con dirigentes de Batasuna. Entonces ya dejó claro que no había delito en las decisiones tomadas por un gobierno. Sin embargo, y con ese precedente, está claro que no había lugar a sentar en el banquillo al lehendakari". Álvarez asegura que ha quedado claro por qué el lehendakari Ibarretxe quería llegar al fondo de la cuestión: "Para demostrar que no había delito"

Alfons López Tena, ex vocal del Consejo General del Poder Judicial (GCPJ), considera que la sentencia es un varapalo para el TSJPV. "Estaba claro que no había recorrido para llevar adelante el proceso. Teníamos claro que no se podía abrir juicio, pero se empeñaron en hacerlo. Ahora, la sentencia del Supremo supone un varapalo para la actuación de estos jueces del TSJPV", asegura.

Pese a la claridad con la que se expresó el Supremo, la portavoz del Gobierno de López, Idoia Mendia, rechazó ayer que la sentencia sea motivo suficiente para pedir la dimisión de Ruiz Piñeiro. Mendia consideró que "no hay que pedir la dimisión de nadie". "No lo consideramos necesario", indicó, para destacar a continuación que "todos los jueces que trabajan en el País Vasco lo hacen de forma muy profesional", pese a que puedan existir "discrepancias" respecto a su labor.