Estrasburgo rechaza el recurso del PNV contra la decisión del Tribunal Constitucional de prohibir la consulta

BILBAO. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha rechazado el recurso del PNV contra la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que en 2008 declaró contraria a la Constitución la Ley de Consulta aprobada por el Parlamento Vasco, según ha informado este partido.

En una nota, el PNV ha señalado que el TEDH ha decretado la "inadmisibilidad" de su demanda porque ésta, "a su juicio, resulta incompatible -por razón de la materia- con las disposiciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos".

La formación jeltzale ha afirmado que "respeta y acata" la decisión del citado tribunal, contra la que no cabe recurso alguno, aunque ha expresado su "disconformidad con el contenido" de la resolución.

En junio de 2008, el Parlamento Vasco aprobó el proyecto de ley para convocar una consulta sobre el futuro de Euskadi el 25 de octubre de ese año. Un mes antes, el 11 de septiembre, el pleno del TC declaró su inconstitucionalidad "y consiguiente nulidad" porque, entre otros motivos, invadía competencias exclusivas del Estado.

El PNV interpuso entonces un recurso ante el TEDH en el que defendía, según explicaron en ese momneto, que el Estado español había incumplido el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales al haber impedido el ejercicio del derecho a la consulta

El pasado 9 de febrero, según se ha conocido hoy, el juez de este tribunal europeo, Egbert Myjer, decidió la no admisión de la demanda.

La formación vasca ha explicado que su disconformidad con el auto dictado por Myjer radica en que éste "elude contestar a las formulaciones" planteadas en la demanda.

"El juez basa su decisión en algo que la demanda ni pide ni formula, para así tener la excusa de no admitirla", ha denunciado el PNV, que ha criticado que "el fundamento de tal decisión descansa en una interpretación restrictiva y tímida del alcance de las disposiciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos en alusión a la no afectación de ningún derecho del mencionado convenio".

A juicio del PNV, el citado convenio "debe abrirse a las exigencias de la democracia directa y a la participación de los ciudadanos en los procesos decisorios de transcendencia para su futuro".