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Presunción pero intransigencia

La detención en Araba de altos cargos políticos e institucionales no puede obviar el previo derecho a la inocencia ni la exigencia de una acción adecuada y rápida de la Justicia que tampoco eximen, en su caso, de una radical intolerancia ante el delito

Jueves, 18 de Marzo de 2010 - Actualizado a las 07:28h

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LA detención por la Ertzaintza en orden a presuntos delitos de cohecho, blanqueo y tráfico de influencias y posterior puesta en libertad sin fianza y con cargos por el juzgado nº 4 de Gasteiz de ocho personas, entre ellos Alfredo de Miguel, diputado foral de Administración Local de la Diputación de Araba; el asesor del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP), Alfonso Arriola; y el miembro del ABB del PNV, Aitor Tellería; no puede obviar de ningún modo la presunción de inocencia que asiste a los detenidos pese a que las investigaciones y diligencias judiciales abiertas contra representantes institucionales y de partidos de todos los colores e ideologías se han convertido en una constante en todo el Estado y alcanzaron la enorme cifra de 685 procedimientos a final de 2009. Tampoco puede debilitar la exigencia de una acción de la Justicia apropiada, eficaz y rápida que limite la pena de exhibición mediática a la que son sometidos los acusados por el mero hecho de serlo tras la acción del fiscal Josu Izaguirre, forzosamente contextualizada por actuaciones previas -las imputaciones a Jorge Ibarrondo, Alfredo Piris, el caso del golf de Labastida o los antecedentes en su anterior destino de Lugo- no exentas de un ímpetu especial ante la notoriedad de los imputados y de una ausencia de precaución ante la exposición pública. Ahora bien, una vez constatada la primacía de ese derecho inicial que asiste a todos los detenidos y mantenida la exigencia del ejercicio preciso de la Justicia, también es indispensable alertar del riesgo que entraña tratar de atenuar mediante la generalización, o de minorar por cercanía ideológica como se ha hecho en otras ocasiones y especialmente desde los dos principales partidos de ámbito estatal, las actitudes delictivas suficientemente probadas de quienes en lugar de representar y servir a la sociedad se han servido de ésta para sus propios fines. En ese caso, la intransigencia, la ausencia total de tolerancia, debe ser tan radical desde todos los ámbitos institucionales y políticos como la consideración de inocencia previa. Así, la inmediata y rotunda reacción del diputado general Xabier Aguirre, quien apeló al derecho a la presunción pero aseguró el cese sin demora en el caso de que las acusaciones sean fundadas, y el anuncio por el presidente del ABB del PNV, Iñaki Gerenabarrena, de una "depuración instantánea de responsabilidades" si ha lugar a ellas; conforman la única actitud posible ante una aún presunta violación de la ley que supondría además violentar la confianza otorgada por la sociedad. No en vano ésta afectaría a la credibilidad de la clase política, pero también a la hasta ahora justificada honorabilidad de los partidos e instituciones de nuestro país y, en consecuencia, a su imagen de cara al exterior y ante sus propios ciudadanos.

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