La Policía chilena cree que Arregui fue "escondido" por su Congregación

Bilbao. Las autoridades policiales y judiciales chilenas se presentan ante la opinión pública vasca como piezas esenciales en la resolución o esclarecimiento del caso que mantiene en prisión desde agosto del año pasado al religioso gasteiztarra José Ángel Arregui, acusado de un delito del almacenamiento de material de pornografía infantil. Ellos y la propia Congregación Clerical San Viator, que ayer volvió a confirmar su intención de colaborar en las investigaciones sobre los posibles abusos sexuales practicados por este docente en los colegios de Basauri, Gasteiz y Madrid.

Así, mientras estos últimos aceleraban los trámites para abrir un expediente sancionador a Arregui para expulsarlo de la Comunidad en cuanto se dicte la sentencia, los primeros dejaban caer la posibilidad de que la Dirección de San Viator tuviera conocimiento previo de los tratos vejatorios supuestamente practicados por el religioso. Ésa es, al menos, la idea que se vislumbra de las palabras del subcomisario chileno de la Agrupación de Pornografía Infantil de la Brigada del Cibercrimen, Cristian González. "Cuando le apresamos, nos llamó la atención que no se sorprendiesen de lo que encontramos. Le dieron todo su apoyo en el momento. Incluso alguien de la Comunidad nos llegó a comentar que el religioso estaba en tratamiento por este problema. Sospechamos que vinieron a esconderlo a Chile" afirmó en declaraciones al diario El País.

La fiscal lo niega Este testimonio, que explicaría los continuos traslados del docente por la red de centros y su posterior desembarco a comienzos de 2008 en el país andino, no fue corroborado por Andrea Rocha, la fiscal encargada del caso Arregui. Tal y como valoró, "no hay indicios de que supieran nada". En cualquier caso, Rocha manifestó que su intención es reclamar que el acusado de pederastia cumpla su condena de forma íntegra "y sin beneficios".

La gravedad del material que le fue ocupado durante su arresto, pero sobre todo el perfil de Arregui (maestro y religioso), será decisivo a la hora de que la Fiscalía solicite la condena. La pena en Chile por almacenamiento de pornografía infantil (dos mil fotografías y cuatrocientas horas de vídeo) oscila entre los 541 días y los tres años. La voluntad inicial de la magistrada es solicitar "la máxima" y que lo haga "sin beneficios" penitenciarios.

Y es que según apuntaba la fiscal, los informes psicológicos a los que ha sido sometido Arregui durante este tiempo no recomiendan que cumpla su pena en libertad. "Consideran que su capacidad de reinserción no es la adecuada, por eso nos oponemos a que cumpla su pena con beneficios". De hecho, según informaciones publicadas por el diario español, el religioso gasteiztarra reconoció durante su interrogatorio que los hechos de los que se le acusa "me producían cierto placer como desahogó sexual". Asimismo, y según los datos facilitados por la Agrupación de Pornografía Infantil de la Brigada del Cibercrimen, el presunto pedófilo dedicaba una hora diaria a visualizar sus archivos.

La Justicia española, que mantiene una investigación en paralelo, solicitará la extradición del docente de la Congregación Clerical San Viator cuando las autoridades chilenas resuelvan judicialmente este caso que ha vuelto a conmocionar tanto a la comunidad educativa como a la religiosa. El portavoz de esta Comunidad, Ignacio Peláez, en declaraciones a DEIA, insistió en no tener constancia de denuncias previas y que su propósito es colaborar para averiguar la verdad de este terrible asunto.

La detención de Arregui se produjo tras una investigación de oficio emprendido por las autoridades chilenas sobre varias redes de pedofilia del país andino. Por el momento, y según la fiscal, no hay pruebas de que el religioso vasco perteneciera a ninguna de ellas ni participara en el intercambio de archivos.