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Podría tratarse de un vodevil o cuando menos de una teatralización, pero el guión lo escribe el poder judicial en el Estado español, que más que comedia suele aportar drama. Resumiendo, la justicia en España se interpreta, o se "destrama", en seis actos y su epílogo.
Por Kepa Landa, * Abogado - Lunes, 22 de Marzo de 2010 - Actualizado a las 07:45h
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PREFACIO: El poder judicial se divide en dos. El que administra la justicia y a los Jueces, el Consejo General del Poder Judicial, y los Jueces y Magistrados, independientes, que juzgan y hacen ejecutar lo Juzgado. Luego está el Tribunal Constitucional que, sin ser poder judicial, en el imaginario de la sociedad aparece como parte de la justicia. El ejercicio de la justicia es la mayor garantía en un Estado de Derecho, y el único medio de controlar el comportamiento de los poderes públicos, y reponer en sus derechos a la ciudadanía cuando entiende que ha visto alguno de ellos perjudicado.
Por eso es tan importante que los jueces sean justos, y además lo parezcan.
Un miembro del Consejo declara públicamente que dos asociaciones de Magistrados se están repartiendo los puestos de diferentes Tribunales entre sus miembros. Y da algunos datos. ¿Hasta dónde ha llegado su enfado para realizar una denuncia de este tipo? Desde el organismo se niega que esto ocurra. Pero los cromos se siguen repartiendo de la misma forma. ¿Será que se nombra para presidir Tribunales no a los que más mérito tienen sino a los mejor posicionados en determinados núcleos de poder?
Viene a cuento lo anterior por lo que está ocurriendo con el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. El actual presidente desembarcó aquí con una finalidad bien concreta: ser martillo de herejes, y léase hereje por abertzale o nacionalista díscolo. Su mayor hazaña fue sentar en un banquillo, contra el viento de la ley y la marea de la política, a un presidente del Parlamento Vasco y a un presidente del Gobierno vasco. Ha sido tan evidente a qué había venido y cómo lo ha hecho, que su reelección o la elección de su sucesor se ha convertido en un culebrón.
Ternas que no logran el consenso necesario, permanencia en su cargo fuera de plazo, filtraciones de candidaturas y posibles nombramientos que no se cumplen... Y la pregunta ha saltado a la opinión pública. Quien sea nombrado o nombrada ¿lo será por ser el más adecuado para el cargo? ¿O por qué oscuro motivo o interés? ¿A quién le convendrá que salga elegido?
El mismo número se está representando en la elección de miembros del Tribunal Constitucional. De nuevo, el Consejo demuestra su dependencia política, y se discute sobre cómo copar poder en dicho tribunal, para que así las resoluciones que dicte se escoren hacia un lado político u otro. ¿Saldrá de este vodevil un tribunal justo y legitimado?
Ese mismo Tribunal Constitucional lleva años anunciando una sentencia sobre el Estatuto Catalán que parece incapaz de redactar. Y no por incapacidad técnica de sus miembros, sino por la conveniencia política del momento. Según deriva el momento político, parece que va a resolver en un sentido, o en el contrario. ¿Creerá alguien que la sentencia que en su día se dicte responderá a postulados de derecho?
Mientras todo este ocurre, los miembros del Consejo, los políticos de variado signo y los voceros de asociaciones judiciales se rasgan las vestiduras defendiendo la imparcialidad y justo comportamiento del organismo del que forman parte. Y todos dicen que no se puede poner en cuestión a la Justicia y a su encarnación, los y las jueces, porque siempre actúan con estricto sometimiento a las leyes. Y al que diga lo contrario hay que lapidarle arrojándole tomos de jurisprudencia.
Un banquero del que gente envidiosa y malintencionada dice que manda más en España que el Gobierno del Estado, de apellido Botín, se ve sometido a un proceso judicial, que le podría suponer una condena por delito. Llega la causa al Tribunal Supremo, para decidir si se puede seguir contra él un procedimiento, cuando quien acusa no es el Ministerio Fiscal o una acusación particular, sino la denominada acusación popular. Y el Supremo, el Pleno de la Sala de lo Penal, decide que no puede seguirse el procedimiento solamente a instancias de la acusación popular. Así, Botín se libra por gracia de ese Tribunal y de su decisión.
Pero, dos meses más tarde, la misma Sala tiene que decidir en un supuesto cuasi idéntico: la imputación de los miembros de la Mesa del Parlamento de Gasteiz. Y decide en sentido contrario. Ahora sí sirve solamente la acusación popular para seguir adelante con el procedimiento.
Uno de los Magistrados de esa Sala, en un voto particular, califica la primera resolución como "vía llamativamente heterodoxa", dice que tiene "debilidad de argumentación", que "descontextualiza el significado de la norma y llega a conclusiones irrazonables", que es una "interpretación de una norma que aboca a la incongruencia", que "le falta certeza, seguridad jurídica, calculabilidad y previsibilidad" y que contiene "una interpretación sin duda anómala de una norma procesal".
¿Está queriendo decir que la sentencia no tiene por dónde cogerse, y que se ha dictado expresamente para salvar a Botín? Porque de la segunda sentencia, insisto que dos meses más tarde, dice que "desactiva las consecuencias de la anterior", que para votarla "se ha constituido una segunda mayoría de forma cuando menos anómala", que "incurre en notable contradicción", y que "carece de fundamentación coherente".
¿Está queriendo decir que una vez salvado Botín, ahora interesaba tener un instrumento para condenar a los miembros de la Mesa del Parlamento?
Y no acaba aquí la cuestión. Cuando tiene que decidir el mismo Tribunal Supremo en el caso que afecta a Ibarretxe y a López, además de a varios miembros de la izquierda abertzale, se mantiene en las tesis de la segunda sentencia, pero evita que continúe el procedimiento, negando el carácter delictivo de los hechos. ¿No será que había que evitar, ahora sí, que el actual presidente de la Comunidad Autónoma se siente en el banquillo?
A Baltasar Garzón le han acumulado tres procedimientos ante el Tribunal Supremo, y éste parece decidido a apartarle de la actividad judicial. Ahora sí sorprende y molesta el peculiar uso que hace de su capacidad como Juez Instructor. Porque los investigados mediante escuchas son del PP o porque ha evidenciado que la Ley de Memoria Histórica es una caricatura dedicada a hacer bonito sin rescatar recuerdo alguno o porque dicen que ha favorecido a Botín. ¡Otra vez a Botín! ¿No le favoreció antes el Pleno de Sala de ese Tribunal que ahora persigue a Garzón?
No sé si esos que se rasgan las vestiduras clamando a favor de la justicia en España podrán explicar, de forma que la ciudadanía les crea, cómo suceden estas y otras muchas cosas. La impresión es que, más allá del análisis puntual o político de lo que está ocurriendo, se están cargando la credibilidad futura de esa justicia que tanto dicen defender. Y el daño es de difícil reparación.
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