"Las posibles listas cedidas por EA a la IA serían impugnadas con las reformas"

DONOSTIA. El fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, afirmó hoy  que con las reformas legislativas planteadas por la Fiscalía para  impedir que Batasuna, o alguna de sus marcas blancas, concurra a las  próximas elecciones municipales y forales, llevaría a que si EA le  cede sus listas, éstas fueran impugnadas. En todo caso, señaló que  será el Gobierno el que, finalmente, decida sobre las citada  modificaciones legales.

En declaraciones a los medios en Donostia, donde visitó la  sede del Centro de Documentación Judicial CENDOJ con motivo del  Convenio alcanzado entre el Consejo General del Poder Judicial y la  Fiscalía del Estado para facilitar el acceso del Ministerio Fiscal al  fondo documental de este espacio, Conde Pumpido recordó a la  izquierda abertzale que "hay que elegir entre las urnas y las armas"  y, por tanto, "tiene que ser consciente de que o ETA abandona las  armas o ellos abandonan a ETA".

"Si continuamos en la misma situación no van a tener ninguna  posibilidad de acceder al mundo político legalizado", aseveró. El  fiscal General del Estado señaló que la "decisión" sobre la posible  reforma legal para evitar que quienes no condenen la violencia  terrorista gobiernen en las instituciones "corresponde al Gobierno".

En todo caso, explicó que la Fiscalía ha trasladado a éste sus  "experiencias" a lo largo de los últimos seis años en los que se han  presentado "un buen número de demandas de ilegalización y se han  impugnado una serie de candidaturas".

Según indicó, a partir de las mismas se ha podido comprobar, por  ejemplo, que "conviene ampliar el plazo de impugnación de las  candidaturas incluso durante la campaña electoral", porque, a veces,  incluso hasta que no acaba ésta no se conoce la posibilidad de que  las listas estén "contaminadas".

Asimismo, indicó que se ha comprobado que "es necesario prever la  impugnación de candidaturas individuales de partidos legales" con una  "mejor cobertura legal" y "prevé que los candidatos elegidos y que  después se comprueba la ilegalización de sus partidos si no se  apartan de los mismos deban perder el cargo que ocupan".

"Estas experiencias obtenidas se han trasladado al Gobierno para  que haga las reformas que estime precisas pero es él quien debe  llevarlas a cabo, nosotros sólo aportamos criterios técnicos",  insistió.

POSIBILIDADES

Preguntado sobre si las reformas legales afectarían sólo a  aquellas personas que no condenen la violencia o a todo el partido al  que pertenecen, puntualizó que "hay dos posibilidades", por un lado  "está la Ley de Régimen local que significa la disolución del  Ayuntamiento y hasta ahora no se ha hecho uso de esa posibilidad" y,  por otro lado, otra que "afectaría de manera individualizada a los  candidatos que no se apartasen del partido ilegalizado".   

"Si se presentan candidaturas individuales con personas vinculadas  fraudulentamente a partidos ilegalizados se podrían impugnar las  mismas", es decir, la impugnación "afectaría al conjunto de la  lista", pero dependiendo de "la decisión final que adopte el  legislador".

"La decisión final corresponde al legislador y no se puede  anticipar, eso está siendo estudiado por el Consejo de Ministros",  apuntó, para, a continuación, insistir que "es un trabajo técnico en  el que la Fiscalía ha aportado criterios técnicos pero la decisión es  del Gobierno".

Conde Pumpido indicó que lo que la Fiscalía valora son reformas  legislativas para eliminar los "resquicios en cualquier previsión  legal" y recordó que cuentan con la legitimación del Tribunal de  Estrasburgo para "seguir en la misma línea" que hasta ahora.  Preguntado sobre qué mecanismos se establecerían para determinar si  un cargo público condena o no la violencia se limitó a señalar que no  puede "anticipar nada" porque "la decisión corresponde al Consejo de  Ministros, tiene que pasar por un proceso legislativo".

Además, insistió en que se "está intentando buscar una solución  para evitar la continuidad de personas vinculadas a partidos  ilegalizados que siguen desarrollando funciones de Gobierno al frente  de Ayuntamientos" porque "resulta un fraude que si una candidatura es  elegida y con posterioridad el partido ilegalizado por quedar  demostrada su vinculación con una organización terrorista que estén  al frente de una institución democrática, esto es lo que tratará de  evitarse pero respetando los derechos constitucionales y el derecho  de participación".