Un kilómetro por hora más=100 euros

Bilbao. Fue el lema de una de sus campañas publicitarias y, a partir del 25 de mayo, será una realidad. Las imprudencias se pagan, era su eslogan; y cada vez más, la actualización que la Dirección General de Tráfico (DGT) ha añadido en la última revisión de la Ley de Seguridad Vial. De hecho, desde esa fecha quien supere en un mísero kilómetro por hora la velocidad máxima permitida deberá pagar 100 euros. Eso sí, el conductor no perderá ningún punto.

De este modo, la administración pretende incrementar la concienciación ciudadana por la vía dolorosa: el bolsillo. La consecuencia de este endurecimiento de la legislación sería, confían los responsables de la DGT, contribuir a la reducción de la siniestralidad en las carreteras y, como remate, responder a las continuas demandas de los distintos colectivos de víctimas de accidentes de tráfico que clamaban por una normativa más castigadora.

Sin embargo, las asociaciones que defienden los intereses de los automovilistas han salido rápidamente a la palestra para desaprobar esta medida. Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), indicaba a este respecto que "el efecto preventivo que se busca se convertirá finalmente en uno recaudatorio" ya que con la entrada vigor de la ley desaparecerá ese margen de permisividad que los conductores tenían de hasta once kilómetros por hora por encima del máximo que marcaban las señales.

Así las cosas, si un automovilista es cazado a 121 kilómetros por hora en una autovía o autopista será sancionado con cien euros, la misma cantidad que abonará si es cazado a ciento cincuenta por la misma vía. A partir de ahí, en diferentes tramos, las multas ascenderán a los trescientos, cuatrocientos, quinientos y seiscientos euros en el caso de rebasar los ciento noventa y un kilómetros por hora.

El año pasado, la Ertzaintza impuso el año pasado un total de 89.110 sanciones de tráfico por exceso de velocidad a través de los radares fijos. En las carreteras de la red viaria vasca existen 70 cabinas de radar, tras la incorporación de 32 nuevos dispositivos de control de la velocidad este mismo año. Según datos del Departamento de Interior, el 32% de los accidentes mortales registrados en 2009 fueron causados por una velocidad excesiva.

Luis Murguia, asesor de movilidad y seguridad del RAC vasco-navarro, apuntaba que con la aplicación de este reglamento a la europea "van a conseguir que estemos más pendientes del cuentakilómetros que de la carretera". En cualquier caso, reconocía que medidas de este tipo "tristemente funcionan. Cuando nos dan con el palo, cuando nos tocan el bolsillo o nos quitan los puntos, es sólo cuando hacemos caso", sentenciaba.

¿Y la concienciación? No obstante, el punto que más polémica está levantando esta nueva ley es el relacionado con el paradero final del dinero que se recaude. "Será para pagar las nóminas de la Guardia Civil", denunciaba Arnaldo en declaraciones a este diario. Al mismo tiempo, el portavoz de esta agrupación mostraba su malestar porque ese dinero no estará destinado a la Educación Vial y, a las actividades de concienciación y sensibilización que desarrollan las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico. El propio Pere Navarro, máximo responsable de la DGT, confirmó este extremo en una comparecencia pública cuando dijo que el dinero de las multas "no será para subvencionar víctimas, propiamente dicho". Así las cosas, desde el colectivo Stop Accidentes, su presidenta Ana Novella, aseguraba en declaraciones a DEIA que esta intención "no nos supondría ningún enfado porque siempre será para mejorar. Los medios con que cuentan son bastante obsoletos. Tanto nosotros como ellos trabajamos por la seguridad".

Con todo, la administración se muestra favorable a tender la mano a los conductores que reconozcan su falta y soliciten el pago inmediato de la multa -dentro de los veinte días que siguen a la consabida carta de notificación. Esta acción será recompensada con un 50% de descuento en la cuantía de la multa. Incluso se aceptarán tarjetas de crédito, lo cual también constituye una novedad. Ahora bien, quien recurra a esta vía perderá el derecho a recurrir la multa.

Los revisores de la norma también eliminarán la suspensión temporal del permiso de conducir. Si se comete un delito vial o si se agotan los puntos del carné, la retirada será permanente. Perdido el permiso, al conductor sancionado no le quedará más remedio que esperar seis meses sin tocar el volante y, cumplida la penitencia, regresar a la autoescuela para volver a examinarse para recuperar la licencia. Como contrapartida, los legisladores amplían de cuatro a seis el saldo de puntos recuperable a través de los cursillos de seguridad vial que se imparten en los centros especializados.

Asimismo, tener los papeles en regla y al día se convertirá en una cuestión crucial, puesto que en caso de no cumplir todos los requisitos será casi imposible poner el vehículo en circulación. Tener el seguro al día, por ejemplo, será necesario y exigido antes de pasar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) ya que todos aquellos que carezcan de esta documentación no recibirán la pertinente pegatina que certifica el aprobado. Y pagar a tiempo las multas dejará de ser una cuestión de civismo, ya que los propietarios de un vehículo que acumule cuatro sanciones graves o muy graves impagadas no podrán venderlo ni traspasarlo. No sólo eso, sino que tampoco podrán realizar ningún otro tipo de trámite administrativo, tal y como consta en la nueva normativa.

También autorizar a que la grúa pueda retirar vehículos aparcados en zonas de OTA si no se coloca el ticket o si se supera en tres veces el tiempo de estacionamiento por el que se ha pagado. La tarifa de recuperación del turismo quedará a la elección de cada Ayuntamiento.