Contra el olvido

Bilbao

EN una resolución reciente sobre la estrategia de la Unión Europa para las relaciones con América Latina del 5 de mayo, el Parlamento Europeo pidió que "las instituciones concernidas apoyen con recursos financieros y técnicos adecuados políticas de prevención y protección en materia de violencia contra las mujeres" y saludó la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que condenó a México por el asesinato de tres mujeres en Ciudad Juárez. Esta resolución fue recibida con entusiasmo entre las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres en México y Centroamérica, ya que consideraron que "el trabajo realizado ha rendido frutos muy importantes para las mujeres y su derecho a la justicia". Ahora, en puertas de la cumbre entre la Unión Europea y América Latina que se celebrará los próximos lunes y martes en Madrid, las activistas exigen una mención al tema del feminicidio en la resolución final del encuentro. Sin embargo, el mayor obstáculo parece que no está entre los países europeos, sino, de nuevo, en su propio Estado: México.

Según el periódico mexicano La Jornada, las distintas delegaciones están "precocinando" la declaración final y los temas que incluirán en la agenda de debate. Al parecer, el Gobierno español, Brasil y la mayoría de los países del norte de Europa están interesados en incluir el problema de los feminicidios, pero, según fuentes del ministerio español de Exteriores citadas por el diario, "los representantes mexicanos intentan bloquear cualquier tipo de alusión a los feminicidios o la vulneración de los derechos humanos contra las mujeres". Una estrategia que podría explicarse por la sentencia de la CIDH, conocida como Campo Algodonero. En un comunicado, las organizaciones agrupadas en la Campaña Regional por el Acceso a la Justicia para las Mujeres -que se lleva a cabo en México, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua- solicitan también "la creación e implementación de un protocolo de alerta de género que condene y sancione a los países que incumplan los acuerdos internacionales relativos a la materia".

Ante el abandono institucional a su causa, varias organizaciones latinoamericanas lanzaron este año la campaña regional con el objetivo de "sensibilizar a la administración pública y a la población en general, en Europa y América Latina, sobre prevención, visibilización y denuncia de la violencia de género". Entre las entidades que componen la iniciativa está el Observatorio Ciudadano del Feminicidio de México (OCNF) y Las Dignas, de El Salvador. La campaña, dada a conocer en febrero en el país azteca, durará todo el año y contará con misiones internacionales que supervisen la situación de las mujeres en esos países.

Problema en ascenso Guatemala es el país de la región que más feminicidios registra. El año pasado fueron asesinadas 720 mujeres y la mayoría ha quedado impune, pese a la Ley contra el Femicidio -no feminicidio- que entró en vigor en 2008. Le siguen El Salvador, con 578 fallecidas; México, con 529; Honduras, con 405, y Nicaragua, con 79. En total, suman 2.312 mujeres asesinadas en 2009, teniendo en cuenta, además, que no se tiene información de todos los estados de México. En este sentido, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua, reveló ayer que desde 2010, al menos una mujer ha aparecido muerta en esa entidad, un grado de violencia que, lejos de disminuir, va en aumento, también pese a la ley contra la violencia hacia las mujeres de 2007. En la región, sólo Costa Rica, México y Guatemala cuentan con leyes contra la violencia de género.

Durante el lanzamiento de la campaña, la organización Comunicación e Información para la Mujer (Cimac) -agencia de noticias mexicana especializada en temas de género con una trayectoria de 20 años- lamentó que, a pesar de los esfuerzos que realizan varias organizaciones de México y Centroamérica, la violencia contra las mujeres "continúa asolando a la región de múltiples formas, incluyendo el asesinato". Por su parte, la activista guatemalteca Carmen López señaló que la campaña busca promover el acceso adecuado, efectivo y oportuno a la justicia en casos de violencia contra las mujeres con el fin de erradicar la impunidad, el mayor obstáculo en esta lucha.