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El alcalde de Portugalete sortea el decreto de austeridad con un pleno urgente
emilio zunzunegi - Jueves, 27 de Mayo de 2010 - Actualizado a las 07:35h
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Mikel Torres, junto con Tontxu Rodríguez y Ernesto Gasco. (Foto: Z. ALKORTA)
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DICEN que no hay peor cuña que la de la propia madera y el alcalde de Portugalete, Mikel Torres, lo ha puesto de relieve este mismo lunes al aprobar, por vía de urgencia en un pleno extraordinario, la solicitud de un crédito de 7 millones de euros para financiar el polideportivo municipal de El Pando pocas horas después de publicarse en el BOE la propuesta del Gobierno español para que los ayuntamientos no pudiesen aumentar su deuda crediticia hasta 2012.
Sabido es que las finanzas del ayuntamiento jarrillero se encuentran en estos momentos en una situación envidiable, con un endeudamiento técnicamente igual a cero. Sin embargo, "choca" que las directrices de un gobierno socialista no sirvan sino de acicate para apurar el resquicio legal saltándose el espíritu de la ansiada reducción del déficit público que emana del real decreto-ley. Todo un ejemplo para el resto de los ayuntamientos. Sus prisas para convocar el pleno el lunes respondían a que al día siguiente iba a entrar en vigor la orden por la que se prohibía a los ayuntamientos pedir créditos a largo plazo. Finalmente, debido al error de Zapatero, la medida entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2011 y se prolongará durante todo el año.
En principio, el texto entraba en vigor el día siguiente y la baza era legal, pero parece que la actitud emprendida por el regidor portugalujo recuerda en exceso a aquella máxima de otro insigne socialista, Felipe González, quien en un alarde de sinceridad (sic) proclamaba aquello de que "todos somos iguales, pero algunos somos más iguales que otros". Tal vez por ello, Torres, que "juró" en el pleno no conocer nada del asunto de la limitación, hizo de su capa un sayo para salvar un crédito de 7 millones de euros con destino a la financiación de la obra estratégica de su primer mandato.
Quizá pensara Torres que no se puede meter en el mismo saco del correctivo crediticio a todas las administraciones, especialmente a las que, como la que él dirige, pueden alardear de haber hecho granero con buena cosecha para aguantar en los malos tiempos, como las hormigas, frente a la holgazanería de las despreocupadas cigarras.
Tal vez este planteamiento de "soslayar" la medida adoptada en Madrid, más cercano a la realidad de su pueblo que a la criticada letra pequeña del recorte puesto en marcha por el presidente del Gobierno español a los salarios y las pensiones, y que parece diluirse a golpe de baronías, es el que llevó a todos los grupos políticos en el consistorio de a dar su apoyo unánime a la firma del crédito.
CRITICAS DEL PNV Tal como señalaba el portavoz jeltzale en el Ayuntamiento jarrillero, Javier Miranda, "no parece muy lógico que el PSOE pida austeridad y contención y aquí el PSE responda negando la mayor". Una negativa que ha supuesto adelantar en tres días la aprobación del crédito, ya que hoy se hubiera aprobado en pleno ordinario.
Una actitud que fue seguida también por otro prócer del socialismo español despachado a provincias tras su ministerio en la corte. Juan Alberto Belloch, desde su sillón de regidor en Zaragoza y poniendo una vela a Dios y otra al diablo se despachaba ayer felicitándose por la rectificación recogida en la ex Gaceta de Madrid, pues la prohibición desde la fecha de publicación "hubiera generado un problema mayor a la inmensa mayoría de municipios".
Claro que esto suena a penitencia después de pecar ya que él mismo reconoce que a su Ayuntamiento, ni fu ni fa, "a nosotros no, porque la noche anterior habíamos conseguido en veinticuatro horas el crédito de 40 millones de euros para evitar ese riesgo. Hemos tenido una capacidad de gestión inmediata", se congratuló.
Si esa gestión la hubieran hecho en masa los ayuntamientos no socialistas tal vez se tildara el asunto como una maniobra"contra un real decreto-ley del que Belloch, que algo sabe de Justicia, dice que "no es una medida financiera, sino que, así planteada, puede chocar con el principio de autonomía municipal y plantear problemas de constitucionalidad".
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