Ezker Batua reabre su grieta interna

BILBAO. La división latente en el seno de Ezker Batua, que vivió su máxima expresión hace un año con la escisión que dio lugar a Alternatiba, ha vuelto a alcanzar una elevadísima temperatura cercana al punto de ebullición. El motivo esta vez es el control del censo de afiliados, ya que el sector oficial liderado por el coordinador general Mikel Arana defiende que las listas viajen a Madrid para que sean responsabilidad de IU. Pese a que los dos sectores enfrentados no quieren oír ni hablar de una nueva ruptura, parece que la solución final no podrá dejar de ser traumática, dado lo enconado de sus posturas. "No vamos a asumir en ningún caso que los censos pasen a ser gestionados desde Madrid", aseguró ayer a DEIA un portavoz del sector madrazista, reunido en torno al ex consejero de Vivienda y Asuntos Sociales y que defiende que las listas se queden en Euskadi.

La situación es tan grave que en el Consejo Político celebrado el pasado viernes, que se constituyó en el epicentro de este enfrentamiento, los defensores de ambas posturas prácticamente llegaron a las manos. "Nos impidieron proseguir con el Consejo arrancando los cables y quitándonos el micrófono de las manos", explicaron desde el sector que enarbola los estatutos del partido para defender una EB "soberana e independiente" de la dirección federal de IU. La misma fuente rehusó entrar en más detalles sobre la trifulca vivida.

Esta disputa se dirime en torno a un juego de mayorías en el seno de EB que actualmente está en cuestión. Si bien el sector que encabeza el actual líder de la formación, Mikel Arana, y que engloba al EPK y a los críticos de Encuentro Plural Alternativo (EPA), era mayoritario desde el nombramiento del primero el año pasado, los seguidores de Javier Madrazo -que dimitió como coordinador general tras los negativos resultados cosechados en las pasadas elecciones autonómicas- consideran que han arrebatado esa mayoría al sector oficial.

Ello se debe a la expulsión de nueve de los 103 miembros del Consejo Político que, según su versión, se hizo efectiva apenas un par de días antes del Consejo celebrado el viernes. La razón de dicha expulsión es el incumplimiento por parte de esos nueve militantes de los estatutos de EB en referencia al "respeto a la soberanía" de la formación. "Entonces se decide su sustitución", explicaron fuentes de esta sensibilidad a DEIA. Una decisión que, a la postre, desniveló la mayoría del Consejo Político de EB a favor de los madrazistas. Para llevar a cabo este movimiento, echaron mano de unos documentos firmados en 2008 que amparaban las expulsiones si se producía una pérdida de confianza o un incumplimiento estatutario.

Los oficialistas mantienen una visión muy diferente de los hechos, que es la que ha trascendido hasta el momento. Tal y como recordaron portavoces de este sector ayer a este periódico, durante la celebración del Consejo Político del pasado viernes, los nueve militantes "expulsados" firmaron un nuevo documento por el que dejaban sin efecto el que rubricaron hace dos años. "Es como una herencia, que primero estipulas en un sentido pero que puedes cambiar en cualquier momento dejando sin efecto la anterior", explicaban a DEIA los fieles a Mikel Arana.

La cosa se complica más teniendo en cuenta lo acontecido en el mencionado Consejo Político. Tras el amago de trifulca que tuvo lugar, los seguidores de Javier Madrazo abandonaron el cónclave. En ese momento, el actual coordinador general suspendió el Consejo en curso y, a través de la figura de la presidencia extraordinaria, convocó uno nuevo en el que se revocó el documento de 2008 que avalaba las expulsiones.

Más aún: siempre según la versión de los madrazistas, a continuación sus rivales en el seno de EB aprovecharon para plasmar en hechos su posición más centralista y procedieron a nombrar un responsable de ficheros. Su función es trasladar los listados de afiliados a la capital del Estado, con lo que IU controlaría la gestión del cobro de cuotas a los militantes.

Denuncia interna La reacción de los soberanistas no se ha hecho esperar y han denunciado ante la Comisión de Garantías Internas la celebración de ese segundo Consejo Político, que consideran "nulo" ya que "se celebró sin el quórum necesario y sin la presencia del secretario de Organización". Este último cargo, Sergio Fernández, ha sido el encargado de elevar el recurso ante el órgano independiente.

Además de sobre la legalidad de ese Consejo Político, la Comisión de Garantías Internas deberá pronunciarse, también a petición de los madrazistas, sobre si la expulsión de nueve militantes fue ajustada a derecho, en una resolución que podría producirse hoy mismo. De darles definitivamente la razón, los impulsores de esta denuncia anunciaron ayer a DEIA que "con la mayoría que tenemos ahora, iremos al Consejo Político y revocaremos las decisiones que se han adoptado" en relación a la cesión de los censos a la dirección federal de IU.

A la espera de este dictamen, los representantes de ambas posturas están manteniendo conversaciones para tratar de alcanzar una salida a la situación creada. El último encuentro se produjo el pasado miércoles, pero no se logró ningún avance. Los madrazistas dicen que "la única solución es que los censos se gestionen aquí, de este caballo no nos vamos a bajar". El sector oficial responde que la cesión de las listas ya fue aprobada por EB en la Convención Política del 13 de febrero y en un Consejo Político de abril, lo que la dota de total legitimidad.