El Gobierno español saca adelante la reforma laboral en el Congreso con más abstenciones que votos a favor

MADRID.  En cualquier caso, todos los grupos parlamentarios respaldaron por unanimidad que el decreto de la reforma laboral sea tramitado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia con el objetivo de que se puedan introducir enmiendas en la tramitación parlamentaria.

En la convalidación del decreto sorprendió hoy la abstención del diputado socialista y ex secretario general de CCOO, Antonio Gutiérrez, que decidió no seguir la directriz del partido.

Gutiérrez consideró que el decreto aprobado por el Gobierno de Zapatero sobre la reforma laboral es "un desaguisado" que "abarata todos los despidos" y aseguró que se trata de una discrepancia "puntual" y que por encima de todo está el respeto a la libertad individual y colectiva.

A este respecto, el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró que no está molesto con esta decisión y que siente "mucho" respeto por su opinión.

Antes de la votación en la Cámara Baja, Zapatero reprochó en el Senado al PP "no haber tenido el valor" de poner encima de la mesa su propia propuesta de reforma laboral, y en lugar de eso, limitarse a criticar la del Ejecutivo.

En la sesión de control y en respuesta al portavoz del PP, Pío García Escudero, el presidente le dijo que el Gobierno español está "esperando una sola de sus propuestas, una sola de sus medidas" en esta materia.

Asimismo, durante su intervención en el Congreso, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, aseguró que la reforma laboral favorece directamente a más de 8 millones de parados o trabajadores con un contrato temporal, mientras que mantiene los derechos de otros 11,5 millones de asalariados con contrato estable.

Según el ministro, la reforma no abarata el despido, puesto que cualquier trabajador con contrato indefinido percibirá la misma indemnización "antes y después de la reforma".

Dentro de las abstenciones, el portavoz de CiU en la Comisión de Trabajo, Carles Campuzano, insistió en que la reforma "no supone una revolución del sistema de relaciones laborales" y dijo que "quedan aspectos sustanciales a debatir" como mejorar la flexibilidad interna de las empresas o las políticas de formación.

Desde el PNV, el diputado jeltzale Emilio Olabarria incidió en que la reforma supone el fracaso del diálogo social, "que en estos momentos está roto" y aseguró que lo que hace es complacer al mercado, "que nadie sabe quién es, ni qué forma tiene, ni a qué dedica el tiempo libre".

El diputado de UPN, Carlos Salvador, afirmó que "llega muy tarde, es insuficiente e incompleta", y además genera incertidumbre hasta que se apruebe definitivamente.

Rosa Díez, de UPyD, dijo que la reforma no clarifica ni resuelve los problemas del mercado laboral, ya que mantiene el problema de la dualidad entre fijos y temporales, y no aborda la negociación colectiva o la cobertura de los parados que agotan su prestación.

Desde Coalición Canaria, el diputado José Luis Perestelo añadió que la nueva regulación del despido "no es la más afortunada" y criticó que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) pueda financiar parte de las indemnizaciones por despido en un momento de crisis.

Entre los votos en contra, el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Ridao, afirmó que es una "contrarreforma" que facilita el despido "exprés" y "precariza el mercado laboral".

El portavoz de ICV, Joan Herrera, justificó su voto en contra en que es una reforma "valiente con los débiles" que refleja la "peor parte de la patronal, la que sólo quiere despedir".

La diputada de Nafarroa Bai, Uxue Barkos, subrayó que lo propuesto por el Ejecutivo es consecuencia del fracaso del diálogo social, "responsabilidad que debe ser imputable a todas las patas de la mesa".

Para la diputada del BNG Olaia Fernández Dávila la reforma es una "guerra absoluta contra el Estado del Bienestar" y permite a las empresas desvincularse del convenio colectivo.

Mientras, CCOO y UGT alertan, en un documento enviado a los partidos, de que la reforma laboral no actúa sobre la dualidad de la contratación y hace el empleo fijo igual de vulnerable que el temporal.