La formación de los abogados se atasca

Bilbao. Las aguas bajan revueltas en instituciones tan ilustres como el Consejo General de la Abogacía y la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas. ¿La razón? Las negociaciones para la redacción del reglamento que desarrolla la Ley de Acceso a la Abogacía y la Procuraduría, que data de 2006, y que han quedado empantanadas a principios de este mes. El desacuerdo es tan importante que hace peligrar la elaboración de la normativa que regulará el acceso profesional de los titulados en Derecho al ejercicio efectivo de la abogacía. Y es de suma importancia que se apruebe cuanto antes ya que la ley prevé que, a partir de su entrada en vigor el 1 de noviembre de 2011, los graduados estarán obligados a hacer un posgrado de un año, un periodo de prácticas y, finalmente, un examen de Estado si quieren ejercer de letrados. El Estado español es uno de los pocos países en donde no es obligatorio, hasta el momento, cursar unos estudios prácticos para poder trabajar de abogado.

Lo cierto es que la demora en la redacción del reglamento y los sucesivos borradores, hasta cuatro, no han conseguido acercar posturas entre las dos partes afectadas en la formación práctica de los titulados, esto es, las universidades y los colegios de abogados. Estos últimos se han encargado tradicionalmente de impartir dicho aprendizaje.

La última reunión de la CRUE (Conferencia de Rectores de Universidades Españolas) rechazó el cuarto borrador presentado, suscribiendo de esta manera la opinión de los decanos de las facultades de Derecho, que no están por la labor de permitir que los colegios de abogados marquen el ritmo en la formación práctica de los universitarios. Por su parte, la abogacía hizo valer su experiencia en el diseño y organización de los máster y cursos de formación, y logró hacer cambiar de opinión al Gobierno español, que al principio de las negociaciones no permitía organizar los cursos a las organizaciones colegiales.

control de los posgrados A juicio de las universidades, el último texto que les presentó el Ministerio de Educación -que lo redacta al alimón con Justicia- deja "muchos flecos colgando y da pie a múltiples interpretaciones", entre otras, quién tiene que ser el promotor de los estudios, qué contenidos deben tener y cómo ha de ser la prueba final que habilita al titulado para el ejercicio de la profesión.

En opinión de Javier Quel, decano de la Facultad de Derecho de la UPV/EHU, la universidad "defiende su interés legítimo a no ceder la formación de los estudiantes exclusivamente a los colegios profesionales", que están "muy al día en cuanto a práctica", pero, matiza, la formación estructural la ofrecen las instituciones académicas. Y es que, según el último texto, las universidades que impartan un curso para la obtención del título profesional tendrán que convenir con las escuelas de práctica jurídica de los colegios de abogados la realización del posgrado. Pero, en sentido contrario, también se habilita a los colegios profesionales a organizar los mismos cursos con la condición de que consensúen con la universidad los contenidos formativos. Esta segunda posibilidad no es del gusto de la mayoría de las instituciones académicas. "Lo que no podemos permitir es que los colegios de abogados hagan una especie de FP cualificada para entrar en su gremio, porque estamos hablando de estudios universitarios de posgrado y de la formación por competencias".

Esta posición molesta a los sectores profesionales, que consideran que la universidad quiere arrogarse el monopolio del diseño de los cursos, cuando han sido las escuelas de práctica jurídica las que han cargado con esa responsabilidad en los últimos años, como se encarga en señalar Aitzol Asla, director de la Escuela de Práctica Jurídica Pedro Ibarreche, del Colegio de Abogados de Bizkaia, y miembro de la Comisión de Formación del Consejo General de la Abogacía. "Entre el primer y el último borrador apenas hay cambios. Lo que que ocurre es que la universidad está en contra de la ley, porque quiere el control absoluto de todos los posgrados, cuando lo lógico, lo que todo el mundo entiende es que para enseñar la práctica de la abogacía quien mejor lo puede hacer es el colegio de abogados". Otro problema que detecta este colectivo es que desde las facultades se les quiere "imponer" los profesores, cuando tradicionalmente los cursos de capacitación son impartidos por abogados en ejercicio.

Desde la universidad privada se matizan las posiciones. Es el caso de la Universidad de Deusto, que defiende una postura intermedia, ya que a juicio del decano de su Facultad de Derecho, José Luis Ávila, el borrador de decreto permite organizar el contenido formativo del máster de manera conjunta entre la universidad y los colegios. En su opinión, "en las sucesivas modificaciones se han introducido cuestiones que reclaman las instituciones académicas". No obstante, coincide con el conjunto de los decanos en que un motivo de oposición al texto radica en que, "después de tanta espera, sería razonable que los contenidos formativos se hubieran incorporado ya al decreto y no diferirlo a una orden ministerial posterior".

Autonomías Lo que "angustia" a todo el sector, incluido el alumnado que en estos momentos cursa la carrera de Derecho, es el retraso de la reglamentación. A juicio de Aitzol Asla, sería "nefasto" que no se llegara a un acuerdo antes del parón del verano, ya que apenas queda tiempo para preparar los máster que deberán cursar todos los titulados con posterioridad al 30 de octubre de 2011.

Otro de los aspectos que preocupa a las universidades vascas es la falta de concreción a la hora de determinar cómo se evaluará el conocimiento sobre Derecho Autonómico en el examen de Estado, teniendo en cuenta que el último borrador del real decreto establece que las evaluaciones serán "únicas e idénticas para todo el territorio nacional". "Si no se introduce en el temario el Derecho Civil y el Derecho Autonómico vascos -defiende Javier Quel-, nos plantaríamos porque sería como olvidarnos de nuestra realidad jurídica".