El PP recurrió 114 de los 223 artículos

MADRID. El Partido Popular presentó el 31 de agosto de 2006 su recurso de  inconstitucionalidad contra el Estatut de Catalunya, dirigido contra el preámbulo, 114 de los 223 artículos del  texto y nueve disposiciones adicionales y tres finales. 

El recurso del PP, que redactaron Soraya Sáenz de Santamaría y  Federico Trillo, estaba dirigido principalmente a la definición de  Catalunya como nación, la obligatoriedad del catalán, la regulación de  derechos y deberes, la legislación judicial, el reparto competencial  y la relación bilateral con el Estado.

El coordinador de Libertades Públicas y de Justicia del PP,  Federico Trillo, ya está en la sede del partido leyendo el fallo que  ha notificado a su formación al alto tribunal. En principio, 'Génova'  tenía previsto dejar la primera reacción a la presidenta 'popular' en Catalunya, Alicia Sánchez-Camacho, pero no se descarta que también  haya una valoración de la dirección nacional.

NACIÓN, LENGUA Y DERECHOS Y DEBERES

El PP recurrió aspectos "transversales" del texto y cuestiones  concretas. Por partes, se impugnaron tres párrafos del preámbulo por  la inclusión del concepto de nación. "Desde el punto de vista  constitucional, no hay más nación que la española, sin que puedan  equipararse nacionalidades y regiones", dijo Trillo el 31 de julio de  2006.

Vinculado con esto, los 'populares' recurrieron siete artículos  del Título Preliminar por la obligatoriedad de conocer y emplear el  catalán y que esta sea la lengua vehicular en la enseñanza. El  recurso también afectaba al Título de Derechos y Deberes, porque  según el PP, la Constitución obliga a la "máxima igualdad" de los  españoles en este aspecto, que se rompe con la regulación catalana.

Respecto al capítulo del Poder Judicial, el PP argumentó que se  con el texto aprobado se rompe la unidad del Poder Judicial "tanto en  la función jurisdiccional como en la vertiente orgánica". "El  Tribunal Superior de Justicia de Cataluña aparece como un Tribunal  Supremo, que queda reducido a un residuo limitado a unificar  doctrina", subrayó entonces el diputado del PP.

COMPETENCIAS Y BILATERALIDAD

El recurso del PP contra el capítulo de las competencias tenía dos  partes. Una con una fundamentación general contra el blindaje. "No se  puede repartir desde un estatuto las competencias de la Comunidad  Autónoma y limitar las del Estado y su capacidad para aprobar  legislación básica", resumió Sáenz de Santamaría. Y otra parte  relativa a la impugnación de muchos artículos sobre competencias  concretas.

El recurso también hacía hincapié en la regulación de las  relaciones entre el Estado y la Generalitat y la bilateralidad,  partiendo de la igualdad entre ambas partes. 

Igualmente, recurrieron el capítulo de la financiación, que, a su  entender, estaba redactado para constituir "un modelo propio". "Y nos  preocupa -afirmó en 2006 Sáenz de Santamaría-, porque afecta a la  solidaridad interterritorial, una de las llaves del cierre del  sistema".