Condenado a tres años de cárcel el kurdo que arrojó un zapato a Erdogan

SEVILLA.El Juzgado de lo Penal número 9 de Sevilla ha condenado a tres  años de prisión y a una multa de 408 euros por un delito contra la  comunidad internacional, en su modalidad de atentado, a Hokman Joma,  el joven kurdo de pasaporte sirio encarcelado desde febrero de este  año por arrojar un zapato contra el primer ministro turco, Recip  Tayip Erdogan, durante una visita a la capital andaluza, toda vez que  la sentencia dictada por la citada instancia judicial le absuelve del  delito de resistencia que le acusaba la Fiscalía.

Según informó en un comunicado de prensa la propia Fiscalía, esta  sentencia no ha aceptado, finalmente, la expulsión sustitutiva  solicitada por el propio Ministerio Público en atención a su alegato  de temor de represalias en caso de ser repatriado a su país, pues hay  que recordar que, durante su declaración, el condenado dijo que  mandarlo a Siria "es mandarlo a la muerte", y que incluso preferiría  una condena de 20 años en España. 

En este sentido, y pese "a no atender la sentencia todos los  pedimentos realizados", la Fiscalía anunció que no recurrirá en  apelación el fallo, ya que considera que "es conforme en lo  fundamental con la tesis" mantenida por el Ministerio Público en  cuanto al delito contra la comunidad internacional, motivo por el que  acepta el resto de los pronunciamientos en cuanto a la valoración del  juez sobre la "insuficiencia" de la prueba de cargo acerca de los  hechos que habían sido calificados como de resistencia a los agentes  de la autoridad. Además, tampoco recurrirá la denegación de la  expulsión sustitutiva de la pena impuesta.

Al hilo de ello, el Ministerio Público recordó que había planteado  la oportunidad de sustituir la pena privativa de libertad por la  expulsión del territorio español al verlo "razonable" para el Estado  español "y posiblemente más beneficioso" para el acusado. No  obstante, añade, el Juzgado ha tenido en cuenta lo declarado en este  punto por Hokman Joma y "ha estimado razonables las dudas que este ha  expuesto sobre el riesgo potencial de represalias de ser repatriado a  Siria". 

Conviene recordar que la Fiscalía pedía inicialmente tres años de  prisión y el pago de 1.500 euros por un presunto delito contra la  comunidad internacional en relación con otro delito de atentado a la  autoridad, así como ocho meses de cárcel por un delito de resistencia  grave a los agentes del orden, mientras que interesaba, por  aplicación de lo previsto en el artículo 89 del Código Penal,  sustituir las penas privativas de libertad antes relacionadas por la  expulsión del territorio nacional del acusado.

De su lado, el abogado defensor del condenado, Luis Ocaña, había  solicitado la absolución de su patrocinado, mientras que también  mostró su oposición a que el acusado fuera expulsado a su país de  origen, pues eso "significa la tortura y la pena de muerte segura"  para un encartado que "está siendo sometido a un proceso político".