El juez rechaza las medidas cautelares pedidas por Iberdrola en su lucha con ACS

 
MADRID.  Así consta en el auto emitido hoy por el titular de este juzgado  tras la vista celebrada ayer entre las partes, que acuerda  "desestimar íntegramente" la solicitud de la eléctrica de que su  impugnación quedara registrada de forma preventiva en el Registro  Mercantil. Contra el auto cabe recurso de apelación en un plazo de  cinco días.  

De esta forma, ACS e Iberdrola logran un 'empate' en el primer  asalto de la batalla judicial que mantienen, dado que el Juzgado  Mercantil de Bilbao rechazó también el pasado viernes las cautelares  que ACS pidió en contra de Iberdrola.

Las dos compañías mantienen un cruce de demandas de impugnación  con las que han llevado al terreno judicial el enfrentamiento que  mantienen por la pretensión de ACS de contar con una representación  en el consejo de administración de Iberdrola correspondiente a su  posición de primer socio, y la negativa de la eléctrica.  

El juez rechazó la adopción de medidas cautelares solicitadas por  Iberdrola por posibles daños provocados a terceros por mora procesal  al concluir que "se hace difícil advertir la presencia de un riesgo"  por "un mero acuerdo aprobatorio de las cuentas anuales y de la  gestión social".

"No se puede imaginar qué obstáculos podrían impedir que, de ser  estimada la demanda, la sociedad subsane los supuestos defectos de  sus cuentas y los someta nuevamente a aprobación", explica el auto.

Por otro lado, el juez considera que ACS cumplió la "apariencia de  buen derecho" en sus cuentas correspondientes a 2009. Iberdrola  denunció la existencia de 30 irregularidades, reservas o incidencias  en las cuentas consolidadas de la constructora, aprobadas el la junta  general ordinaria del 15 de abril de 2010.  

Respecto a estas supuestas irregularidades, el juez concluye que  éstas "no se derivan de la contabilización de operaciones  inexistentes", sino que son "meras omisiones" de una mayor  información en la memoria que "podrían haberse subsanado por el  simple expediente de ejercitar el derecho de información reconocido a  todo accionista".  

El juez califica de "llamativo" que la eléctrica no haya podido  cuantificar con exactitud el daño sobre los resultados finales de la  empresa por estas omisiones y que, por ello, no se puede saber si  tales incidencias "deben calificarse como significativas o como muy  significativas" siendo éste "el único supuesto en el que cabría  hablar de una afectación del principio de imagen fiel".  

Respecto a la acusación formulada por ACS contra Iberdrola por la  adquisición del 0,064% del capital de la constructora con el único  objetivo de poder impugnar los acuerdos sociales. El juez mencionó  que dicho asunto lo dirimen los juzgados bilbaínos "sin que deba  producirse interferencias entre las dos impugnaciones".

El pasado mes de mayo, la eléctrica presidida por Ignacio Sánchez  Galán impugnó las cuentas de ACS al considerar que había incurrido en  pérdidas de 405 millones de euros en el ejercicio 2009, frente al  beneficio declarado de 988 millones, según consta en la demanda.