Transferir y generar

EN Euskadi hay actualmente 169.000 demandantes de empleo. Teniendo en cuenta que en el mes de agosto se ofertaron en la comunidad vasca a través del servicio público de empleo sólo 1.515 puestos de trabajo -de los cuales, 1.246 fueron de peón agrícola-, en lo que llevamos de año, se han ofertado una media de 640 puestos de trabajo al mes. Es claro que para resolver el problema del desempleo hay que ampliar la oferta de puestos de trabajo. Sin embargo, los gobiernos, para afrontar el problema del paro, utilizan dos instrumentos principales a través preferentemente de los sistemas públicos de empleo: la formación y el acompañamiento. Y de forma limitada, las subvenciones a los empresarios para abaratar el coste de las contrataciones de algunos colectivos con dificultades especiales para encontrar empleo. A este conjunto de medidas se le denomina políticas activas de empleo.

Nunca he entendido por qué se ha establecido un acuerdo tan amplio en torno a este tema, hasta el punto de que si a alguien se le ocurre decir que lo mejor que puede hacer un gobierno para colocar a los desempleados es crear nuevos puestos de trabajo en servicios infradotados como la sanidad, el cuidado de las personas o la atención a minorías marginadas, lo que puede esperar es o bien que se haga un vacío desdeñoso ante su propuesta, o ser calificado de populista.

El País Vasco tiene el 4,6% de la población y el 5% de los ocupados de España. En 2009, las empresas vascas han utilizado más de 24,5 millones de euros de los fondos disponibles para formación en el empleo. Unos 125.000 trabajadores vascos han recibido formación de sus empresas, lo que representan el 5,2% de los recursos y de los trabajadores formados. El Inem tiene un presupuesto de 38.879 millones de euros, de los cuales 30.975 se destinan a gestionar y pagar prestaciones por desempleo y 7.743 millones al fomento de la inserción y la estabilidad laboral. Sumando los recursos de formación y de inserción laboral, las empresas y trabajadores de Euskadi estaban recibiendo no menos de 420 millones de euros de los fondos estatales.

Las instituciones estatales hacen un reparto de los recursos estrictamente proporcional a la dimensión de las Comunidades Autónomas, sin atender a las mayores o menores necesidades de formación en función de las dinámicas productivas específicas. En términos cuantitativos es difícil que con la querencia por la austeridad presupuestaria del Gobierno vasco se vayan a mejorar los volúmenes de formación de trabajadores que ya se lograban cuando las competencias las tenía el Estado a través del servicio público de empleo estatal (ex Inem) y de la Fundación tripartita.

Sin embargo, la transferencia tiene una doble virtualidad: por un lado, los mismos recursos, gestionados desde el territorio, pueden ser mucho más efectivos y obtener un mayor compromiso de las empresas con la formación y el cambio productivo. Por otro lado, la exigencia a las administraciones vascas para que desarrollen la nueva competencia se puede (¿se debe?) traducir, sino en un mayor compromiso de gasto en esta materia, al menos en una exigencia de mayor eficacia en su gestión.

En realidad, las políticas de formación no sirven para crear empleo y que se hayan transferido a Euskadi no va a mejorar los indicadores de ocupación a corto plazo. Pero la transferencia de las políticas de formación sí tiene una gran importancia grande lograr otro objetivo: articuladas con una correcta política de innovación, pueden ser muy eficaces en mejorar la competitividad de las empresas vascas y, a la larga, consolidar el empleo existente en la industria y los servicios.

Un elemento clave del acuerdo de transferencia es que el año próximo el cupo se reducirá en 472 millones de euros. Esto representa aproximadamente el valor del trabajo de unas 10.000 personas. O, dicho de otro modo, con esos recursos extra a disposición de las administraciones vascas, aunque tengan un destino finalista -están vinculados a las políticas transferidas- y siempre hubieran llegado a las empresas, ahora van a permitir consolidar en Euskadi un volumen de empleo de la magnitud señalada, lo cual no es poca cosa en esta época de escasez de empleos nuevos.

La transferencia que ha generado mayor controversia es el de las bonificaciones a la contratación. No está claro si se ha pactado o no cierto grado de autonomía para definir desde la realidad específica del mercado de trabajo vasco las bonificaciones (transferencia de políticas) o se trata simplemente de gestionar los recursos de unas bonificaciones que seguirán siendo homogéneas en todo el Estado (transferencia de recursos). Si es el caso que el gobierno adquiere cierto margen de discrecionalidad, esto permitirá una mayor eficacia en el diseño de las políticas de incentivos a las empresas, adaptándolas a la realidad demográfica y cultural de Euskadi, pero sin duda ello es susceptible de generar el mismo tipo de controversias político-administrativas que la gestión de la autonomía fiscal.

El paquete negociado por el PNV tiene otro componente de gran trascendencia. Aproximadamente, un centenar de funcionarios de la inspección laboral van a pasar a depender del Gobierno vasco. Un centenar de funcionarios de la inspección de trabajo suponen otros cinco o seis millones de euros. Por un lado, habrá que negociar el ajuste salarial, ya que los salarios de los funcionarios autonómicos son superiores a los de la administración central del Estado. Es de esperar que a cambio se solicite una mayor productividad inspectora, de modo que los 7 millones de euros se puedan elevar fácilmente a 10 ó 12 millones.

En este caso, sin embargo, difícilmente el Gobierno vasco podrá evitar crear empleo público, asunto al que parece tenerle más pavor que los elefantes a los ratones, pues habrá que completar la plantilla al menos en los puestos superiores del escalafón. Y bien mirado, para cumplir las funciones que tiene encomendadas la inspección de trabajo (servicios de vigilancia y exigencia del cumplimiento de las normas legales, reglamentos y convenios colectivos, servicios de asistencia técnica, servicios de arbitraje, conciliación y mediación, actuaciones inspectoras en materia de débitos a la seguridad social, altas de trabajadores, medidas de seguridad e higiene en el trabajo, accidentes y enfermedades profesionales, vigilancia de la aplicación y destino de ayudas y subvenciones para el fomento de empleo, formación profesional ocupacional y promoción social…) una plantilla de 100 personas resulta a todas luces insuficiente si se pretende cumplir cabalmente esas tareas.

En cualquier caso, un servicio de inspección mejor dotado y motivado ayudará a mejorar de forma sostenida las condiciones en que se ejecuta el trabajo en las empresas. Ello será un incentivo adicional a la mejora tecnológica en procesos acercando los sistemas de trabajo de las empresas vascas a los de los países más avanzados.

Las transferencias acordadas son bastante más que un punto hasta ahora incumplido en el Estatuto de autonomía. En conjunto, se trata de un paso importante en el acercamiento de las políticas públicas al tejido empresarial y social local. Lo que está por ver es que las administraciones vascas tengan la capacidad de innovar en la gestión de las políticas transferidas, de hacer algo diferente que suponga una mayor incidencia en la productividad de las empresas y su posición competitiva. Porque lo que las transferencias no resuelven es la ausencia de una política de creación de empleo, que sigue siendo la asignatura pendiente de casi todos los gobiernos de la UE. Y en eso, el vasco y los forales no son una excepción.