La consejera Urgell asegura que no se sancionará a ninguna empresa por no utilizar el euskera

GASTEIZ. La consejera de Cultura, Blanca Urgell, ha reiterado que el  Gobierno vasco "no tiene intención de imponer sanciones a ninguna  empresa por no utilizar la lengua vasca" y ha explicado que su  Departamento se encuentra a la espera de recibir un informe jurídico  con el que decidirán la fórmula concreta para "suprimir  definitivamente" las sanciones por razones de uso lingüístico en el  ámbito de las empresas privadas.  

El consejo de Gobierno acordó el pasado mes de julio la  modificación del Decreto sobre los derechos lingüísticos de las  personas consumidoras y usuarias, aprobado por el anterior Ejecutivo,  con el objeto de que el cumplimiento de las obligaciones lingüísticas  contenidas en él se retrase durante un año.

El Parlamento Vasco, a través de una iniciativa del PSE y el PP,  instó el pasado mes de junio al Gobierno a impulsar los  cambios normativos necesarios para eliminar las sanciones a las  empresas que no rotulen y atiendan en euskera, que, en principio,  iban a entrar en vigor el 17 de julio y que, en algunos casos,  llegaban a los 600.000 euros. El texto recibió el rechazo de PNV, Aralar, EA y EB, y la abstención de UPyD.

La titular de Cultura ha iniciado su discurso transmitiendo un  mensaje de "tranquilidad" y ha insistido en que el Gobierno vasco "no  tiene intención de imponer sanciones a ninguna empresa por no  utilizar la lengua vasca". "El Gobierno y Departamento quieren seguir  avanzando en la normalización del euskera", ha reiterado.

MULTAS CONTRA CONSENSO

Sin embargo, ha defendido que la normalización "sólo se puede  producir mediante el consenso de las fuerzas políticas y los agentes  sociales" y ha advertido de que "las multas atentan contra el  consenso" y que el euskera "necesita de medidas positivas" porque "se  trata de premiar a quienes lo utilicen en el ámbito de las empresas y  no de castigar a quienes no lo hagan". "Lo contrario es un caldo de  cultivo para el conflicto", ha señalado.

Respecto a la moratoria en la aplicación de las sanciones, Urgell  ha reconocido que "no se trata de una simple moratoria" sino que se  realizó para "paralizar" la aplicación del régimen sancionador  durante un año, hasta julio de 2011, para tener tiempo de reeleaborar  el decreto y "suprimir definitivamente" las sanciones por razones de  uso lingüístico en el ámbito de las empresas privadas.  

Según la consejera, se trata de un plazo "necesario" porque el  Departamento se encuentra a la espera de un informe jurídico que  ayudará a determinar fórmula jurídica concreta del sentido de estas  modificaciones y decidir si hay que modificar, además del decreto,  también el artículo 50.6 de la Ley del Estatuto de las Personas  Consumidoras y Usuarias que supone la base legal del artículo que  motivó la moratoria. 

UN "ERROR"

En este caso, Urgell ha avanzado que se debería tramitar en la  Cámara la correspondiente propuesta de modificación legal. Para la  consejera el artículo objeto de moratoria fue un "error", ya que "no  se corresponde con la realidad sociolingüística de Euskadi".

Asimismo, ha mostrado el apoyo del Gobierno a quienes deciden  aprender y usar la lengua vasca, y ha rechazado que el Gobierno vasco  quiera ser "comisario lingüístico". "Decimos sí a medidas positivas  de fomento y no a las multas y sanciones", ha reiterado. 

Finalmente, ha realizado un llamamiento "a favor del consenso" y se  ha comprometido a presentar a los grupos del Parlamento la propuesta  que el Ejecutivo decida finalmente tras conocer el informe jurídico.