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asier diez mon - Jueves, 16 de Diciembre de 2010 - Actualizado a las 05:45h
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Valeriano Gómez a su salida de la reunión del Pacto de Toledo. (EFE)
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BILBAO. Los partidos lograron ayer un acuerdo básico en torno a las pensiones en el seno del Pacto de Toledo. No hubo consenso y las formaciones de izquierda se desmarcaron, pero la reforma conllevará, tras el acuerdo alcanzado por PSOE y PP, un aumento del periodo de cotización para el cálculo de las pensiones, lo que se traducirá con total seguridad en el recorte de la cuantía de las mismas. Todavía no se conoce cuánto tiempo se tendrá en cuenta, si bien la cifra estará entre los 15 años actuales y los 25 planteados por el Gobierno central en su propuesta. Previsiblemente en torno a los veinte años, el periodo que con más fuerza ha sonado en el alambicado proceso de reforma de la jubilación. Será el Gobierno quien negocie con los sindicatos y los empresarios esa cuestión. Si no hay acuerdo, decidirá La Moncloa.
Al margen de ese proceso, los partidos retomarán hoy las negociaciones para apurar el plazo aconsejado por el Ejecutivo Zapatero, que quiere tener mañana en sus manos las recomendaciones del Pacto de Toledo para analizarlas con la vista puesta en el 28 de enero, límite autoimpuesto para reformar el sistema. El principal escollo continuará siendo la edad de jubilación. La negociación está tan enquistada en esa cuestión que hasta es posible que el acuerdo final la obvie. El PSOE plantea aumentar la vida laboral hasta los 67 años, aunque está dispuesto a que esa cifra no figure en el pliego de recomendaciones, pero el PP se negó anoche a firmar un documento que no recoga explícitamente que la edad de jubilación se mantendrá en los 65 años. El borrador enviado por el Gobierno al Pacto no contempla ningún límite de edad y algunas formaciones, entre ellas la popular, temen que José Luis Rodríguez Zapatero intente trasladar a la opinión pública que todos los partidos están detrás de una medida tan impopular como la prolongación de la vida laboral.
Todos los partidos miden sus pasos en una cuestión tan sensible como las pensiones de jubilación. El Gobierno también, y la mesa de Toledo puede proporcionarle un paraguas frente a las críticas que llegarán desde el ámbito laboral y, como se vio tras el desmarque de BNG, IU y ERC, desde la izquierda.
Un acuerdo mayoritario de los partidos que siguen estando dispuestos a negociar será una válvula de escape para un Zapatero empeñado en enjugar la ventaja que le llevan los populares en las encuestas. Por ello, el trabajo de fondo está siendo intenso y en ocasiones frenético. Sin embargo, el presidente del Gobierno tiene otro frente abierto, la presión de los mercados y de la Unión Europea, a los que tiene que ofrece constantes sacrificios en forma de recortes del estado de bienestar. La austeridad es su brújula hacia la salida de la crisis y el viaje continuará, con o sin acuerdo, su curso en lo concerniente a las pensiones.
De hecho, el texto que se negocia en el Pacto de Toledo son solo recomendaciones. El Ejecutivo será el que elabore posteriormente el proyecto de Ley y, si no hay acuerdo previo, lo hará exclusivamente bajos sus criterios. En este último caso, tendrá que negociar apoyos de otros grupos o aprobar la reforma por decreto. Todo ello con el plazo autoimpuesto del Consejo de Ministros del 28 de enero.
En ese contexto, la mayoría de los partidos acercaron ayer posiciones en torno al periodo de cálculo de las jubilaciones. El acuerdo podría haber sido mayor si el diputado del PP, Tomás Burgos, no hubiera roto el pacto de silencio en el que se había envuelto el debate en su fase decisiva. Los grupos habían decidido mantener en secreto hasta la sala de la deliberación, pero algunos periodistas localizaron el lugar y aguardaron a la salida de los diputados. En un receso a media tarde, Burgos accedió a responder a las preguntas de la prensa y anunció la consecución de un acuerdo.
consenso reventado Incluso aseguró que todos los partidos iban a convocar una rueda de prensa a las 20.00 horas para explicar los pormenores. El grado de concreción de sus declaraciones fue interpretado como un síntoma de veracidad, pero no tenían base sólida.
Consciente o inconscientemente, el diputado popular reventó la posibilidad de que se alcanzará un consenso en la cuestión de los años de cálculo. La noticia corrió como la pólvora fuera y dentro del Congreso. Se dio por buena durante unas horas y acabó diluyéndose entrada la noche. Lo que a las 18.00 horas era un principio de acuerdo en los teletipos, se convirtió en bases para un acuerdo a las 19.00 horas. Y la rueda de prensa conjunta de los grupos para explicar el acuerdo de las 20.00 horas dejó pasó a un rosario de comparecencias en la que los partidos pusieron de manifiesto las diferencias con las que retomarán hoy la negociación.
Los primeros en comparecer, estos sí juntos, fueron los portavoces Joan Tardá (ERC), Gaspar Llamazares (IU) y Olaia Fernández (BNG) para desmarcarse del resto de grupos en torno al aumento del tiempo de cálculo. Llamazares afirmó que, en cualquier caso, el principal escollo es la edad de jubilación, que mantiene "paralizada" la mesa. "Si seguimos así no habrá acuerdo. Se busca una coartada al Gobierno para restringir derechos", criticó Llamazares, quien, sin embargo, se mostró dispuesto a apoyar iniciativas que permitan incentivar voluntariamente la prolongación de la vida laboral.
bloqueo de la mesa "Me niego a que se ponga que no se puede tocar [la edad de jubilación]", aseguró la portavoz socialista en el pacto, Isabel López i Chamosa. La diputada afirmó que el PSOE no tiene "ningún problema" en reconocer en las recomendaciones que la edad legal está actualmente en 65 años, pero no cerrará la puerta a la posibilidad de elevar este límite en la reforma.
CIU comparte también esa visión, según indicó Carles Campuzano. Y el PNV, que ayer no hizo declaraciones para marcar distancias respecto al cruce de reproches y ceñirse a la negociación todavía en curso, está dispuesto a hablar de ello siempre que sea a cambio de medidas de flexibilidad relacionadas con el tiempo efectivo de trabajo que permitan jubilarse antes.
También desfiló ante la prensa el popular Tomás Burgos tras su indiscreción para exigir que la edad legal de jubilación sean los 65 años.
Fuera de la escena política, Zapatero seguirá notando la presión de los sindicatos por los recortes de las prestaciones. Los líderes de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, y UGT, Cándido Méndez, participaron ayer en una manifestación convocada a nivel europeo y advirtieron al presidente de que "está en sus manos" que se celebre o no otra huelga general. Ampliar la edad de jubilación hasta los 67 años supondría "condenar" al paro a medio millón de jóvenes al año, aseguraron.
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