Babcock queda en manos de los administradores al ser declarada en concurso de acreedores

Bilbao. La escasa cartera de pedidos en Babcock Power España (antigua Babcock Wilcox) y los enormes problemas financieros por los que atraviesa su propietario austriaco A-TEC -recientemente declarado en quiebra- han llevado al Juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbao a declarar en concurso voluntario de acreedores (antigua suspensión de pagos) con un pasivo de 73 millones frente a un activo de 76 a la firma vizcaina de bienes de equipo, que cuenta con una plantilla de 400 trabajadores

La compañía, cuyos rectores presentaron el escrito solicitando esta intervención merced a su estado de insolvencia, conservará las facultades de administración y disposición de su patrimonio por parte de los actuales propietarios, pero quedará sometida a la intervención de los administradores concursales nombrados por el juez: un abogado, un economista y un representante de la sociedad Cofivacasa, filial de la propia SEPI, que se dedica a gestionar los procesos de liquidación y los pasivos laborales de compañías que han estado en la órbita del holding público. Más aún, SEPI, que tiene comprometidas determinadas garantías con la plantilla, ocupa un lugar preferente entre los más de 300 acreedores de Babcock.

Indemnizaciones Esas garantías, de índole salarial, se gestaron en el proceso de privatización de la compañía, sellándose unos pactos en prevención de un hipotético fracaso -al final consumado- del proyecto empresarial liderado por A-TEC Industries y su holding AE&E Group, en los que además se incluyeron compromisos de prejubilaciones, recolocaciones e indemnizaciones superiores a las que contempla la figura del despido improcedente.

Con todo, el coste de esas garantías puede suponer mucho lastre para la propia SEPI, ya que se podría cuantificar en poco menos de 70 millones de euros. Es posible, además, que la medida deba ser refrendada por el Consejo de Ministros. En todo caso, cualquier garantía o línea de solución comprometida con anterioridad se activaría en el momento en que se produzca la extinción de la relación laboral.

En el ámbito más próximo en el tiempo, en el auto del juez se acuerda llamar a los acreedores del concursado para que comuniquen a los administradores concursales la existencia de su crédito. Esa comunicación se deberá formular en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del auto de referencia en el Boletín Oficial del Estado.

Asimismo, el juzgado ha decidido comunicar a los juzgados decanos de Bilbao, Getxo, Balmaseda, Gernika, Barakaldo y Durango la declaración de concurso.