La flexibilidad en la edad de jubilación mantiene abierta la posibilidad de acuerdo

Bilbao. La predisposición de sindicatos y Gobierno español a llegar a un acuerdo en torno a las pensiones se ha convertido en un activo en la negociación. Sin grandes avances, la flexibilización de la postura del Ejecutivo respecto a la jubilación a los 67 años ha reducido las tensiones y engrasado el diálogo entre las dos partes.

Todo apunta a que la ampliación de la edad del retiro no será del todo generalizada. Se permitirá que quien haya cotizado un número determinado de años pueda seguir jubilándose a los 65 años. Suenan varias cifras y una barrera psicológica, los cuarenta años, de forma que lo más probable es que una persona que haya trabajado en torno a 37-39 años podrá retirarse con el 100% de la pensión sin cumplir 67 años. El periodo de cotización mínimo se sitúa a día de hoy en los 35 años.

Hay más posibilidades de acuerdo hoy que hace una semana a pesar de que no hay consenso en ninguna de las cuestiones abordadas, y de que algunas de ellas, como la sorprendente irrupción de las centrales nucleares, han enmarañado más la cuestión. Ejecutivo y sindicatos tienen gran interés en que el proceso de sus frutos y eso, impensable a finales del año pasado con un diálogo social fracturado por todas sus vertientes, ha contribuido a generar una corriente más que moderadamente optimista.

Zapatero no quiere legislar en solitario vía decreto en una cuestión tan sensible como la jubilación. Los dos grandes sindicatos de ámbito estatal quieren evitar a toda costa un fracaso en ese ámbito que les obligaría a convocar una movilización, con toda seguridad una huelga general, tras el fracaso de la que celebraron en septiembre. No es momento de grandes acciones sindicales con más de cuatro millones de parados y muchos trabajadores más preocupados por mantener su puesto de trabajo que por las batallas de la guerra del recorte del estado de bienestar. Y esa confluencia tangencial de intereses encamina a ambos a buen puerto. Hasta la renovación en la CEOE con la llegada de Joan Rosell juega a favor. El nuevo líder de la patronal asiste a la negociación con un papel secundario y con inclinación a no ser un obstáculo. La partitura ha cambiado y no se escucha la música del polémico Gerardo Díaz Ferrán, empeñado en lograr una rebaja de las cotizaciones de los empresarios.

"Hay margen para llegar a un acuerdo", suena ahora en el trasfondo. "Es difícil, pero no imposible", repican las campanas cada vez que los representantes del Gobierno español y los sindicatos acuden ahora a la liturgia de la negociación. Sobre esa base se levanta ahora el recuperado diálogo social, que se celebra a contrarreloj con la vista puesta en el próximo viernes. Ese día, el consejo de ministros de Zapatero aprobará con o sin apoyos la reforma de la pensiones. Las claves están fijadas gracias a unas líneas rojas insoslayables: es necesario reducir el gasto en jubilaciones del Estado y, por tanto, recortar el salario que reciben los pensionistas.

Todo pasa por forzar a los trabajadores a trabajar más tiempo y cotizar más años a la Seguridad Social. Sin embargo, hay mecanismos que pueden minimizar el impacto en la opinión pública de la medida. El más evidente es no obligar al conjunto de los trabajadores a jubilarse a los 67 años y permitir que las carreras de cotización largas tengan a su alcance mecanismos para retirarse antes. También se plantean incentivos para mejorar la pensión a quien desee continuar trabajando una vez alcanzada la edad legal de jubilación. Son cuestiones también previstas en la legislación actual, si bien con un enfoque que penaliza en exceso a quien decide o se ve obligado a jubilarse antes de los 65 años y apenas mejora las condiciones de quien apuesta por trabajar más tiempo. El terreno está abonado en ese sentido en el ámbito del diálogo social y si germinan las negociaciones en ese frente será relativamente sencillo el acuerdo político con otros partidos.

Existe con matices un consenso básico en torno a la necesidad de adaptar las pensiones al nuevo marco demográfico. Como demuestran las recomendaciones del Pacto de Toledo, el principal obstáculo es también la cuestión de los 67 años, por lo que será fácil sortearla si se flexibiliza en los contactos con los sindicatos y los empresarios.

El tiempo corre con la vista puesta en el viernes y el diálogo social se mantendrá abierto este fin de semana. Los más optimistas hablaban ayer de la posibilidad de que se llegara a un acuerdo hoy o mañana. Incluso se vincula con esa idea el hecho de que Zapatero haya convocado hoy a sus secretarios generales y presidentes regionales para explicarles las reformas pendientes. Unas reformas polémicas en el Estado que recibieron ayer el respaldo del presidente francés, Nicolás Sarkozy, con quien Zapatero se reunió en el Eliseo. "El presidente Sarkozy ha elogiado el valor del presidente Zapatero por las medidas muy enérgicas que el Gobierno español ha decidido" tomar en lo económico "y por su determinación en llevar a cabo estas reformas indispensables", aseguraron en un comunicado conjunto los dos mandatarios.

Mientras, el Gobierno vasco aprobó ayer los servicios mínimos de la huelga general de los sindicatos abertzales del próximo jueves: los hospitales funcionarán como un festivo, los transportes al 30%y se garantizará la apertura de los centros educativos.