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Las empresarias acusadas de pagar el impuesto revolucionario denuncian que son "víctimas de ETA y de la Justicia"

EUROPA PRESS - Miércoles, 2 de Febrero de 2011 - Actualizado a las 16:28h

La Audiencia Nacional juzga a las hermanas Blanca Rosa y María Isabel Bruño Azpiroz, a las que la Fiscalía acusa de haber pagado a ETA 6.000 euros en concepto de impuesto revolucionario.

La Audiencia Nacional juzga a las hermanas Blanca Rosa y María Isabel Bruño Azpiroz, a las que la Fiscalía acusa de haber pagado a ETA 6.000 euros en concepto de impuesto revolucionario. (EFE)

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Las empresarias Blanca Rosa Bruño y María Isabel Bruño, que han sido juzgadas este miércoles en la Audiencia Nacional por pagar 6.000 euros a ETA en concepto de 'impuesto revolucionario', han negado estos hechos así como que mantengan cualquier relación con la izquierda abertzale o ETA . Además, se han declarado doble víctimas, por una parte de la propia organización y por otra de la Justicia.

MADRID. "Quiero manifestar lo injusto de esta situación, es indignante", ha afirmado María Isabel Bruño en su turno de última palabra, en el que ha aprovechado la ocasión para denunciar que su familia lleva 30 años siendo víctima de la extorsión de ETA y que ahora tiene que soportar la acusación de un delito de colaboración con banda armada. "Se nos acusa de colaboradoras mientras somos víctimas de ETA", ha dicho.

"Quiero decir que resulta difícil encajar la actuación del Estado. Nos sentimos víctimas de la extorsión de ETA y de la Justicia", ha proseguido la acusada, quien, al igual que su hermana Blanca Rosa Bruño, ha recordado que ambas permanecieron en prisión provisional durante un mes.

"Es increíble todo lo que nos está pasando, son 30 años viviendo con este miedo (...). Es muy duro recibir una carta de ETA, pero no es menos duro lo que nos ha tocado vivir en la cárcel y todo lo que eso conlleva", ha destacado.

Asimismo, las acusadas han denunciado que su familia ha estado "amenazada" durante 30 años, desde que recibiera la primera carta de extorsión en 1980.

Durante la vista celebrada ante la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, el fiscal Vicente González-Mota ha elevado a definitiva su petición de cinco años de prisión y el pago de una multa de 27.000 euros, mientras que la defensa ha reclamado la libre absolución de sus representadas.

Por su parte, varios peritos de la Guardia Civil han mantenido que el lenguaje y la individualización de las cartas remitidas por ETA a las empresarias revelan que éstas efectuaron una "aportación voluntaria" de 6.000 euros de impuesto revolucionario.

Los agentes han revelado que la misiva enviada en 2008 a las hermanas Bruño se diferenciaba de otras remitidas a empresarios extorsionados porque se despedía con un "cálido abrazo", incluía un mensaje "ideológico-político" y les emplazaba a seguir contribuyendo con su "ayuda". "Lo que empezó siendo un proceso de extorsión, ha acabado convirtiéndose en una especie de aportación voluntaria", han mantenido.

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