Sin casa, con deudas y pendientes de los jueces

Bilbao

En el Estado español hay ahora mismo más de 320.000 familias que deben por su hipoteca más de lo que realmente vale su casa. Si el 3% (que es la tasa de mora hipotecaria actual) de esos clientes hipotecados tuviera dificultades económicas y no pudiera pagar su préstamo, no sólo se quedaría sin su vivienda, sino que seguiría debiendo dinero al banco que en su día le facilitó poder comprarla. Esta es la realidad que viven muchos ciudadanos que desde hace unas semanas han visto abrirse ante ellos la posibilidad de cambiar las tornas y saldar su deuda con el único, aunque doloroso, paso de prescindir de su casa.

Por este motivo la victoria de un david llamado José Antonio Langarita frente al goliat BBVA, aunque se puede quedar en un caso aislado y anecdótico, ha traído la intranquilidad a las entidades financieras, preocupadas por la posibilidad de que miles de ciudadanos puedan saldar sus deudas hipotecarias con la entrega de las llaves de su casa.

Dos pronunciamientos judiciales han reabierto el debate sobre la necesidad de modificar la Ley Hipotecaria española, que esta semana ha cumplido 150 años, para que no proteja únicamente a los bancos en los procesos de ejecución hipotecaria y generalice el pago por dación, es decir, la posibilidad de que la devolución al banco del piso o propiedad inmobiliaria liquide el crédito. Además de las asociaciones de consumidores y de algunos partidos políticos, otros colectivos como Jueces para la Democracia reclaman una renovación de la Ley con el objetivo de que responda a una nueva realidad social y evite sentencias contradictorias. Y es que esta semana la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Navarra ha fallado en sentido opuesto al auto emitido por la Sección Segunda de la misma Audiencia. Los casos que han encendido las alarmas de la Banca y renovado las exigencias de protección de los consumidores en caso de dificultades económicas han tenido lugar en Nafarroa y Barcelona. Primero la Audiencia de Navarra determinó que el embargo de la vivienda de la familia Langarita suponía la cancelación de la deuda hipotecaria contraída con el BBVA. Después, el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona estimó saldadas las deudas pendientes de un matrimonio de jubilados que se habían declarado en concurso de acreedores. Aunque los expertos jurídicos destacan que estos casos son muy diferentes -uno hace referencia a una ejecución de embargo y otro a un proceso concursal-, ambos tienen en común que los jueces han puesto los intereses de las personas por delante de los de las entidades financieras. Esto ha hecho que los más puristas señalen que las sentencias, sobre todo el auto de Nafarroa, no respetan la legislación actual (la Ley Hipotecaria y la de Enjuiciamiento Civil), y que ambas contienen planteamientos de orden moral que no tienen cabida en el ordenamiento español.

impulsar la reforma Desde el lado de los consumidores las sentencias han sido muy bien recibidas y aun sabiendo que no sientan jurisprudencia, diversas asociaciones esperan que alienten un movimiento en favor de la reforma de la Ley Hipotecaria. Claro que este movimiento deberá ser muy fuerte para poder imponerse a las reticencias del sector financiero y del Gobierno español, cuya posición dejó clara el ministro de Fomento, José Blanco, al afirmar que "bajo ningún concepto" se podrá liquidar la hipoteca con la entrega de la vivienda. La vicepresidenta Elena Salgado no fue tan tajante en su rechazo de la dación en pago, pero también descartó acometer cambios "bruscos" en las condiciones de las hipotecas porque perjudicarían al sector financiero.

Con el Gobierno en contra y el sistema financiero preparado para encarar la ofensiva, parece que las asociaciones que defienden a los clientes de bancos y cajas lo tienen difícil para librarles de la obligación de responder con todos sus bienes ante el impago de una hipoteca.

Lucía Fernández, responsable de Adicae Euskadi, recuerda a DEIA que el auto de la Audiencia navarra no crea jurisprudencia hasta que no llegue al Tribunal Supremo, pero se puede interpretar como la evidencia de que "algunos jueces están empezando a ser permeables a la problemática social". "La Ley es injusta -afirma Lucía Fernández-, de modo que los jueces están empezando a concebir un cambio justo que abra el camino a la esperanza, cambio que tanto la sociedad civil como Adicae llevan tiempo demandando".

José Luis Ramírez, portavoz de Jueces para la Democracia, señaló a este periódico que los últimos casos pueden llamar la atención de la ciudadanía sobre el tema de las ejecuciones hipotecarias y también "provocar que otros tribunales hagan lo mismo", lo que "generaría una situación de gran inseguridad jurídica". "Lo lógico -explica Ramírez- sería abordar una reforma de toda la legislación". JpD, que ya tiene una propuesta de redacción de los artículos que se deben modificar para impedir que las familias embargadas tengan que seguir pagando al banco, pide la posibilidad de que el juez suspenda el devengo de intereses, plantea una regulación del sobreendeudamiento y de la dación en pago, así como la modificación del proceso de ejecución hipotecaria.

ley del siglo xix Tanto José Luis Ramírez como Marisa Gracia, delegada de Ausbanc en el País Vasco, destacan que las leyes que regulan los contratos hipotecarios responden a una realidad del siglo XIX y parten de una igualdad entre banco y cliente a la hora de pactar que "es irreal". "En la actualidad -dice el portavoz de JpD- difícilmente podemos admitir que hay una igualdad de parte cuando se contrata un préstamo hipotecario, obviamente el cliente sólo tiene posibilidad de adherirse a las condiciones del banco. Al final se suscriben contratos en los que hay un perjuicio claro para la parte más débil, que es el consumidor". Marisa Gracia confirma que "la libertad de clausulado y la igualdad de las partes al contratar es más teórica que real".

Ante la advertencia de la Banca de que un cambio de la Ley Hipotecaria encarecerá y restringirá el crédito, Lucía Fernández se pregunta si "hay algo más caro que la crisis que estamos viviendo. ¿No es más cara la dotación del FROB? Se dice que los créditos se van a encarecer, ¿es que acaso los créditos han sido baratos hasta ahora?". Fernández anuncia que Adicae va a concertar reuniones "con partidos políticos y candidatos a las elecciones de mayo para presentarles un completo programa de propuestas donde se incluyen medidas de reforma legislativas como la regulación de la dación en pago y se instará a un compromiso político para ayudar a las miles de familias con problemas hipotecarios".