Currin no encuentra la tecla en Madrid

Bilbao. Dos no pelean si uno no quiere, dice el refrán. O, dicho de otro modo, dos no hacen las paces si uno no quiere. El adagio expresa el sentir de Brian Currin en relación a la respuesta del Gobierno español al ofrecimiento del Grupo Internacional de Contacto (GIC) de verificar el desarme de ETA tras el alto el fuego "general, permanente y verificable por la comunidad internacional" decretado por la organización armada el pasado 10 de enero. Tras este anuncio, el mediador y abogado sudafricano ha redoblado sus intentos por achicar espacios a la banda y evitar un retorno puntual a la violencia, así como por apuntalar la senda política de la izquierda abertzale oficial. Los acontecimientos parece que le estarían dando la razón. Sin embargo, sigue sin encontrar la tecla en Madrid que le permita ser reconocido, si no como mediador, sí, al menos, en palabras suyas, como facilitador.

Han transcurrido más de cuatro meses desde el anuncio de ETA, y el Gobierno español sigue dándole la espalda. Sin este reconocimiento, la tarea de Currin se antoja más complicada de lo que de por sí supone una mediación de un conflicto armado o una verificación del alto el fuego y facilitar el desmantelamiento de las armas.

El portazo de Moncloa aboca a Currin y a su equipo a navegar en solitario y contra el reloj mientras ETA sigue en ERE temporal (no de extinción) observando los pasos andados por el Gobierno de Zapatero. En sus últimas visitas a Euskadi, el abogado sudafricano ha expresado en varias ocasiones que el alto el fuego de la banda armada es, por primera vez, unilateral, es decir, sin contrapartidas al Estado.

Este argumento choca, sin embargo, con el sentimiento de desconfianza en Madrid y en una parte importante de la opinión pública española, muy escéptica tras el atentado en el aeropuerto de Barajas en diciembre de 2006 que, de facto, supuso el final de la tregua. Además, el último párrafo de la declaración de ETA que señalaba que "no cejará en su esfuerzo y lucha por impulsar y llevar a término el proceso democrático, hasta alcanzar una verdadera situación democrática en Euskal Herria" mantiene, a juicio de algunos partidos e instancias gubernamentales, la incógnita sobre las verdaderas intenciones de la banda.

El Gobierno de Zapatero se muestra incapaz de despojarse de la fuerte presión del PP en todo lo relativo a la lucha contra ETA. Una foto de Currin o uno de los miembros del GIC con algún emisario del Ejecutivo español tendría unas consecuencias difíciles de digerir para un debilitado Zapatero, más aún antes de las elecciones.

El último intento del abogado sudafricano y su equipo de romper la muralla monclovita se ha conocido en fechas recientes. Llegó en forma de carta remitida por el GIC en marzo al presidente español en la que le pidió su colaboración para verificar el alto el fuego de ETA y facilitar el desarme. En el escrito, el equipo de Currin sostiene que, frente a los recelos del Gobierno español, por primera vez en muchos años las condiciones "están maduras para una profunda transformación política y una paz duradera", y le pide que no pierda esta oportunidad "histórica" para ayudar a terminar con el conflicto.

IRLANDA o SUDÁFRICA La estrategia de Madrid, seguida a pies juntillas por el Gobierno de Patxi López en Euskadi, se basa en, al menos públicamente, mostrar firmeza y mano dura y no dar ningún paso que pueda entenderse como una concesión a ETA. Esperar sentados a que la banda baje los brazos y emita el comunicado de su disolución. Esta salida no se compadece con las experiencias de los casos de Irlanda, Sudáfrica o Sri Lanka, donde la resolución de los conflictos armados ha seguido el esquema de la doble mesa política y armada.

Esta visión se opone a la de quienes entienden el cierre definitivo de ETA como un "proceso" cuyo primer paso de distensión es el alto el fuego mientras que la estación término sería el abandono de las armas. "Como se ha demostrado en otros casos, el cierre total no se produce de manera automática. Requiere, entre otras cosas, un cambio de mentalidad que hay que ir trabajando entre todos, y no solo desde una parte", señalan fuentes consultadas por este diario. Currin y su equipo intentan incidir en ese proceso y, a su juicio, negarlo supone tanto como desperdiciar una oportunidad para dar carpetazo al problema.

Aunque a primera vista el paisaje es poco alentador para los objetivos de Currin, no todo son malos augurios. Según fuentes próximas a Moncloa conocedoras de la situación, el Gobierno mantiene un doble discurso en relación a la iniciativa del abogado sudafricano. Mientras que en público insiste en afirmar que la única verificación es la entrega de armas inmediata, en privado habría mantenido una actitud más positiva sobre el trabajo realizado por el grupo de facilitadores. El reconocimiento de Zapatero esta misma semana de haber recibido la carta de Currin podría ser una señal.

La validación de Bildu por el Tribunal Constitucional -corrigiendo el veto inicial del Supremo que impedía a la coalición concurrir a las elecciones de hoy- y la flexibilización de la doctrina Parot por parte del mismo alto tribunal han sido recibidos como signos positivos en el entorno de la izquierda abertzale. Este sector no es ajeno al impulso político que guarece tras las decisiones de este tribunal, cuya configuración viene determinada por las cuotas de los partidos políticos.

ELECCIONES Las elecciones de hoy, más allá de los resultados y del mapa político que dejen, abrirán un periodo de distensión política que permite al equipo de Currin albergar esperanzas y recibir alguna señal para poder abrir cauces de cooperación con el Gobierno de Zapatero. El presidente español tiene menos de un año para apuntalar el fin de ETA o, en su caso, dejar el guiso prácticamente cocinado antes de la más que probable derrota electoral del PSOE en las elecciones generales del próximo año.

Pero el tiempo corre no solo para él, sino también para Currin y su equipo del Grupo Internacional de Contacto, cuya credibilidad está ligada al grado de cooperación que les ofrezca Zapatero para llevar a buen puerto la verificación del alto el fuego y el desarme.