La Fiscalía opina que el delito por el robo de niños puede haber prescrito

GASTEIZ. La Fiscalía guipuzcoana y alavesa han advertido a los afectados por el posible robo de niños que hay audiencias estatales que consideran que el presunto rapto de bebés puede haber prescrito. Una de las que así lo cree es la asturiana, quien argumenta que el delito "no puede tener salida" si se tiene en cuenta que, en el caso de un bebé, no se considera un secuestro, sino una detención ilegal. Se trata de una tipificación distinta en el Código Penal que haría, por tanto, "caducar" el presunto crimen porque en el momento de la sustracción el recién nacido "no era consciente de lo que ocurría".

Así lo dio a conocer ayer Amadeli Díaz Carrasco, secretaria vasca de la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir), durante la comparecencia en la comisión de Interior del Parlamento Vasco, solicitada por Ezker Batua, para explicar las dificultades por las que pasa este colectivo a la hora de esclarecer la presunta trama.

Se trata del último obstáculo con el que las cerca de 400 víctimas que el colectivo Anadir tiene en Euskadi se han encontrado en el camino para investigar este supuesto tráfico de bebés. No obstante, en la denuncia el abogado de la asociación, Enrique Vila, se argumenta que existen indicios de los delitos de tráfico de niños, falsificación de documento público, suposición de parto -simular haber dado a luz a un niño vivo-, secuestro y detención ilegal, que no prescriben con el paso del tiempo.

Ocho peticiones Aunque los recién nacidos no están amparados por la protección de datos, no han sido pocas las trabas con los que sus familiares se han encontrado a la hora de acceder a legajos de abortos y partes de enterramiento. Un motivo de peso que ha llevado a Anadir a formular a las administraciones vascas un listado con hasta ocho peticiones indispensables para poder determinar si las criaturas fallecieron al poco de nacer. Todas ellas se hicieron públicas ayer de manos de una de las portavoces alavesas de la organización, Leire Fernández de Labastida, quien precisó que la primera de ellas pasa por "establecer protocolos de investigación de las adopciones irregulares por parte de Justicia".

Dada la necesidad de recabar pruebas para acreditar ante los tribunales el presunto crimen, lo segundo que exigen para "saber la verdad" es poner personal especializado en la búsqueda de fuentes documentales. Lo tercero es el asesoramiento jurídico, "porque un abogado exige una media de 600 euros por sus servicios". Un coste que no se pueden permitir la mayoría de los posibles afectados por ser pensionistas, debido a la media de cuarenta años que ha pasado desde que acaecieron los hechos de los que se acusa en las denuncias.

La creación de un banco de ADN o la subvención de muestras genéticas es una de las solicitudes que por poco no aparece subrayada en tinta fluorescente en la mencionada lista. "Hemos conseguido que el laboratorio Genomica colabore con nosotros y hace los frotis bucales por unos 116 euros. La Universidad del País Vasco (UPV/EHU) también estaba dispuesta a colaborar, pero su coste era de unos 380 euros".

La incertidumbre ocupa el quinto lugar de las reivindicaciones de este colectivo. "Queremos saber si nuestros hijos fueron enterrados realmente. En Andalucía se han descubierto fosas vacías donde se supone que tenían que estar los neonatos y en Cataluña, al cotejar las muestras de los restos, se ha demostrado que las pruebas de ADN no corresponden con ninguno de los familiares del allí enterrado".

La sexta demanda es la creación de oficinas donde los voluntarios de Anadir puedan trabajar, de manera que les proporcionen líneas de teléfono gratuitas para mantener el contacto con los interesados. "Las conversaciones que mantenemos son siempre mediante nuestros móviles privados", criticaba Fernández de Labastida.

Esta reivindicación iría en consonancia con la siguiente, la séptima, ya que, según matizó, "necesitamos ayuda económica para seguir trabajando, mientras que los Ayuntamientos están gastando más en el alumbrado para festejos". El apoyo económico en cuestión sería el mínimo, el básico para financiar material de oficina o subvencionar desplazamientos para reuniones o las aulas para los encuentros. "No tenemos dinero, las víctimas tampoco y bastante mal ya lo han pasado como para encima pagar todo esto".

Toda esta serie de quejas desembocaría en una sola, la última, que no por ello es la menos importante: "Solicitamos al Gobierno vasco que se presente como acusación particular, si ve algún indicio de delito, o que exija a los fiscales que abran diligencias de oficio, como han hecho en alguna provincia andaluza", defiende Anadir.