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Sábado, 25 de Junio de 2011 - Actualizado a las 05:51h
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SALVO sorpresas o heroicidades financieras de última hora, Grecia podría tener el triste honor de ser el primer país europeo en más de 100 años que tuviese que declararse en suspensión de pagos.
Desde 1999 han sido ya 20 las naciones que ha pasado por este trance, pero todas ellas pertenecían al grupo de Estados tercermundistas o en vías de desarrollo. En la mayoría de esos casos, el problema se resolvió a costa de los acreedores que acabaron cobrando con retraso entre el 50% y el 40% de los que se les debía.
Grecia, que pertenece al bloque de la zona euro, se ve sumida en una deuda de 350.000 millones de euros y, con ella, en un problema que está mucho más allá de sus capacidades: debe nada menos que el 160% de su PIB. Su escasa capacidad de generar riqueza no puede enfrentarse semejante deuda.
Peor aún, las premuras económicas de Atenas son tales que para evitar una suspensión de pagos inmediata (el Gobierno no está en condiciones de pagar siquiera los salarios del próximo mes), el país debería recibir en seguida un nuevo préstamo del orden de los 200.000 millones de euros.
Y los nubarrones no se limitan al dinero. La dureza del largo programa de austeridad que ha esbozado el Gabinete de Papandreou ha provocado violentos disturbios en las calles y desplantes en la política nacional porque todo el mundo cree que se ha llegado a la situación actual por culpa crasa y dolosa del propio Gobierno. Así que el pueblo llano y los políticos más radicales han roto la baraja democrática y le niegan a un Gobierno legítimo obediencia y crédito.
Pero de la crisis griega se puede decir aquello de que "…entre todos la mataron y sola se murió…". Porque si es cierto que las autoridades atenienses estafaron a la UE, falsificando balances e informes con los que hacían ver que cumplían con los criterios económicos de la Unión, también es cierto que la banca privada y los Gobierno de la Unión se volcaron en hacer préstamos que desbordaban a todas luces las capacidades financieras e industriales de la República Griega.
Esto hace pensar que nadie puede tirar la primera piedra en esta crisis. Los Gobiernos y la banca privada y hasta el Banco Central Europeo sabían de sobra que estaban concediendo créditos irrecuperables. Y no es ningún secreto que una deuda de tal volumen la acaban pagando en última instancias los contribuyentes de la Comunidad. Seguramente pagarán con una renuncia del 50% de los créditos y la aceptación de moratorias de 5 a 7 años.
Porque una deuda de tal envergadura no se puede resolver a la brava, dejando que quiebre Grecia y sus acreedores, porque esto significaría también la bancarrota de la banca, con el consecuente colapso de la economía europea y una crisis profundísima de todo el mundo industrial.
Lo enrevesado de estas implicaciones se ha visto en el fracaso de la reciente iniciativa de la canciller alemana para que la banca privada asumiese los acuerdos de los acreedores estatales de Grecia. A la medida se opuso tajantemente el presidente francés justamente porque la obligatoriedad de este paralelismo rebasaba las capacidades de la banca privada. Tan evidentes fueron los argumentos del Presidente Sarkozy que la canciller Merkel no tardó ni una semana en avenirse a las razones francesas.
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