La UE pone fin al proceso judicial de los incentivos vascos

BILBAO. El Tribunal de Justicia de Luxemburgo ha puesto  fin hoy a la larga travesía judicial de los incentivos fiscales vascos. El órgano judicial de la Unión Europea ha dictado sentencia sobre las minivacaciones fiscales y las deducciones del 45% en el Impuesto de Sociedades, aprobadas por las diputaciones a mediados de los 90 para que empresas vascas pudieran hacer frente a la anterior crisis. No cabe más recursos contra la sentencia debido a que los magistrados han dado respuesta al último cartucho de las diputaciones vascas.

 

FRENTE POLÍTICO Cerrada esa batalla, se inicia a partir de ahora otra de alto contenido político, la que librarán las diputaciones para demostrar ante la Comisión Europea de que las ayudas recibidas por las empresas ya han sido reintegradas a las arcas forales.

La dirección de Competencia, dirigida por el socialista vasco Joaquín Almunia, amenaza a las diputaciones con una multa millonaria al entender que todavía queda dinero por devolver. Será el propio Tribunal de Luxemburgo el que decida en su momento -dentro de unos dos años, según los plazos habituales- si ha lugar a sanción en caso de no alcanzarse un acuerdo.

La petición de multa aumenta cada día que pasa sin satisfacerse las demandas de Bruselas y ronda a día de hoy los cuarenta millones de euros. La CAV intenta evitar ese trance demostrando que su actuación ha sido irreprochable. Ese proceso se desarrollará a mitad de camino entre el terreno técnico y el institucional. Por una parte, las haciendas forales intentarán de nuevo cotejar sus datos con los que maneja Bruselas. Y por otra será necesaria la implicación del Gobierno español, del propio Almunia e incluso la mediación del Ejecutivo de Patxi López para vencer determinadas resistencias. La principal, la falta de interlocución directa de las administraciones vascas con la europea.

Las escasas reuniones entre técnicos forales y comunitarios han estado siempre marcadas por ciertos recelos de los funcionarios europeos, casi siempre fruto del desconocimiento de la autonomía fiscal vasca. A ese nivel no ha sido posible entablar un diálogo entre una hacienda con rango estatal y el ejecutivo comunitario -como ocurre cuando es el Gobierno español el que defiende sus puntos de vista-, porque la delegación vasca representaba a un ejecutivo regional a ojos de Bruselas.

En esa línea, el envío de información por parte de las haciendas forales ha sido interpretado como un intento de dilatar el proceso y existe la sospecha por parte de las diputaciones de gran parte de los miles de folios que han remitido han acabado en algún oscuro almacén sin la más mínima atención.