Las minorías cargan contra una reforma "antisocial", "centralista" y negociada a sus espaldas

MADRID. La reforma de la Constitución pactada ente el PSOE y el PP ha  recibido este viernes duros ataques de los portavoces parlamentarios  nacionalistas y también de otros grupos minoritarios, que la han  tachado sucesivamente de "centralista", "antisocial" y, sobre todo,  de haber sido negociada de espaldas a los ciudadanos y a la propia  Cámara.

Así, el portavoz del PNV, Josu Erkoreka, ha defendido el voto en  contra de su grupo y ha avisado de que mientras "hasta ayer la  reforma constitucional era anatema" y "tabú", hoy los dos grupos  mayoritarios lo han convertido en "algo banal" que puede hacerse  apresuradamente, en agosto y en los "estertores de las legislatura".

Erkoreka ha reprochado a PSOE y PP haber convertido la reforma en  un "carrusel de arbitrariedades" en el que ellos se han permitido  "alegrías" e interpretaciones "laxas" de las normas para poder  reformar la Carta Magna con la misma facilidad que una orden  ministerial y al mismo tiempo han rechazado con argumentos  "seudojurídicos" y "peregrinos" enmiendas como la presentada por su  grupo sobre el derecho de autodeterminación del pueblo vasco.

El portavoz nacionalista ha comparado este rechazo con el  'portazo' a plan del ex lehendakari Ibarretxe y, además, ha  aprovechado para pedir a la Cámara que, aunque su enmienda no vaya a  votarse, haga un esfuerzo por asumir sus postulados, que ha  calificado de "ambición colectiva" de los vascos.

Erkoreka ha defendido además la petición del PNV de que la reforma  del artículo 135 mencione expresamente a los territorios forales como  entidad territorial distinta a las comunidades y a los ayuntamientos,  para no dejarlos en un "limbo jurídico" y para que quede claro que no  son entidades locales, a los que la reforma obligará a un "riguroso  déficit cero". A su juicio, este es un "error" que ya se habría  "corregido" si la reforma no se hubiese negociado "a puerta cerrada"  y "de espaldas" a los grupos ya se habría "corregido".

"LETAL" PARA CATALUÑA

También el portavoz de ERC, Joan Ridao, ha criticado la inadmisión  de su enmienda sobre la autodeterminación --"ustedes ven la  Constitución como una jaula colectiva"-- y ha calificado la reforma  como "letal" para Cataluña, un "nuevo golpe de Estado constitucional  que "sigue la estela" de la sentencia del Tribunal Constitucional  contra el Estatuto catalán.

Así, ha aprovechado para reclamar el concierto económico para  Cataluña, argumentando que la actual "asfixia financiera" de la  comunidad "hipoteca el bienestar" de los catalanes y le "obliga a  vivir muy por debajo de sus posibilidades". "No sólo nos van a quemar  el carbón de la locomotora que es Cataluña expoliando el 10% de  nuestra riqueza sino que además van a exigir al tren que llegue  puntualmente a la estación, que no se endeude", ha espetado.

ERC ha cargado contra la reforma por "rabiosamente centralista"  pero también por ser "profundamente antisocial" y por haberse hecho  con un procedimiento "antidemocrático". A su juicio, PSOE y PP,  "tanto monta, monta tanto", han "liquidado en una semana" la  concepción del Estado Social y Democrático de Derecho con tal de  recibir "el aplauso entusiasta" de la canciller alemana, Angela  Merkel.

En una línea similar, la portavoz de ICV, Nuria Buenaventura ha  avisado de que la reforma incorpora a la Constitución "un enfoque  ideológico", vulnerando así el "espíritu de consenso" de la Carta  Magna que da cabida a distintas opciones políticas. A su juicio, la  reforma es un "duro golpe" a la Constitución actual ya que se traduce  en un "primero los bancos, después las personas".

Por eso, Buenaventura ha insistido en que lo que es necesario es  una reforma de la Carta Magna pero para asegurar que el Estado  dispondrá de los recursos suficientes para garantizar los derechos de  los ciudadanos, "con un sistema impositivo progresivo", pero también  que la soberanía resida en el pueblo. Es decir, que incluya una  "reforma electoral" que lleve a un sistema "realmente proporcional" y  que obligue a que reformas de este tipo deban someterse a referéndum  vinculante.

CC PIDE UNA "REFORMA PROFUNDA"

Desde Coalición Canaria, el diputado Fernando Ríos --que optó por  la abstención en la toma en consideración de esta reforma-- ha  señalado que no es una modificación ni "necesaria y ni "oportuna",  que excluye a los demás grupos del consenso y lleva a "dogma  universal" la disciplina presupuestaria".

Ríos ha dudado de que PSOE y PP acepten sus enmiendas --sobre  participación de las CCAA en la fijación del déficit y reconocimiento  del estatus singular de Canarias-- así como de que expresen su  "compromiso firme" sobre la apertura de una "profunda reforma" que  adopte la Carta Magna a la realidad social. Por eso, ha anunciado que  se opondrán a esta reforma constitucional que tiene por objetivo  "calmar a los mercados" y pedirán que sea sometida a referéndum.

BNG: "UNA CONTRARREFORMA"

Desde el BNG, Francisco Jorquera, ha acusado a PSOE y PP de  proponer una contrarreforma" de la Carta Magna, con "total desprecio  a las más elementales formas democráticas" y "sacrificando la  soberanía popular", al pretender eludir la celebración de un  referéndum, y "sacrificando el autogobierno de las Comunidades  Autónomas al mermar su autonomía financiera sin tan siquiera  consultarlas".

Es más, Jorquera --que ha presentado enmienda a la totalidad-- ha  acusado a los dos partidos mayoritarios de pretender "imponer un  único pensamiento económico". A su juicio, de prosperar esta  contrarreforma, el modelo social definido por la Constitución "sólo  será papel mojado".

NA-BAI: "EXCLUSION" EN VEZ DE "CONSENSO"

Por su parte, la diputada de Nafarroa Bai, Uxue Barkos, ha  aprovechado su intervención para expresar su "desagrado" por las  formas empleadas por PSOE y PP en esta reforma constitucional, un  escenario que ha llegado a calificar de "absolutamente vergonzoso". 

Barkos ha reprochado a los partidos mayoritarios que, teniendo en  cuenta que es la única reforma de "calado" de la Carta Magna de los  últimos 30 años, no hayan optado por una reforma de consenso sino de  "exclusión".