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CASO IURBENOR

La acusación pide que Jabyer pague una indemnización por quebrar Afer

El empresario vizcaino acusa al diputado general de acosarlo y perseguirlo

a. diez mon - Sábado, 22 de Octubre de 2011 - Actualizado a las 06:00h

El máximo responsable del grupo Afer, Jabyer Fernández (i), sentado en la sala de vistas del Palacio de Justicia de Bilbao, donde declara por el caso Iurbenor.

El máximo responsable del grupo Afer, Jabyer Fernández (i), sentado en la sala de vistas del Palacio de Justicia de Bilbao, donde declara por el caso Iurbenor. (EFE)

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Administrador concursal Abogado de la Diputación

BILBAO. Las acusaciones del caso Iurbenor pidieron ayer que se imponga una multa contra Javier Fernández y sus hermanos por descapitalizar su propio grupo empresarial y llevarlo a la quiebra. De forma unánime, los administradores concursales y la Diputación de Bizkaia, como máximo acreedor, así como la Fiscalía, solicitaron una indemnización, cuya cuantía dejaron en manos del juez.

No hubo sorpresas en la segunda y última sesión del juicio que intenta depurar las responsabilidades de Fernández en la bancarrota de Afer. La defensa del empresario vizcaino insistió en sus conclusiones en culpar a la Diputación de Bizkaia del concurso de acreedores del grupo inmobiliario. El proceso quedó visto para sentencia.

En declaraciones a los medios de comunicación tras abandonar el tribunal, Fernández personalizó las acusaciones en el diputado general vizcaíno, José Luis Bilbao, una "persona soberbia" que ha intentado perjudicarle, aseguró.

Las tres acusaciones, en cambio, consideran que la complicada situación financiera del conglomerado empresarial se agravó debido a dos controvertidas decisiones realizadas con dinero reservado al pago del IVA a la Hacienda vizcaina: comprar acciones de Habidite, el proyecto de construcción de viviendas modulares de Fernández, e inyectar liquidez en las empresas del grupo. Esta última actuación es objeto también de un proceso judicial por la vía penal -la vista de ayer se celebró ante un tribunal mercantil- en el que se haya también imputado el expresidente del Athletic, Fernando García Macua.

Los hechos juzgados ayer se remontan a enero de 2009, cuando, debido a la explosión de la burbuja inmobiliaria por la crisis, Iurbenor tuvo que vender a La Caixa y BBK por 359,6 millones de euros los terrenos de Sefanitro en los que iba a construir 2.000 viviendas dentro del proyecto Puerta de Bilbao. Unos 297 millones fueron retenidos por los compradores para cancelar las hipotecas asumidas con las entidades bancarias, lo que dejó un remanente de 64 millones de euros.

Según el administrador concursal, 12,5 millones se destinaron al pago de deudas a terceros y 16 millones al abono de deudas con entidades vinculadas a Iurbenor. Son operaciones que considera razonables. No opina lo mismo respecto al destino del resto del dinero.

Unos 8,5 millones de euros permitieron la compra de las acciones de Habidite.y la mayor partida del excedente, 27 millones, se depositó en la caja de la inmobiliaria del grupo -Residere-, que a su vez trasladó ese dinero hasta Fonorte, la constructora.

inyección de liquidez Los letrados de Jabyer Fernández sostienen que "no hubo mala fe" en esa actuación, si no un intento de reflotar el grupo inyectando dinero en su principal motor. Además, consideran que lo "razonable" es que la Diputación accediera al aplazamiento. No fue así porque el desvío de dinero dentro del grupo levantó las sospechas de Hacienda. Había liquidez para afrontar al menos parte del pago del IVA generado en la venta de Puerta de Bilbao -43 millones de euros- pero se utilizó en otros fines.

La acusación duda por ello de que Fernández tuviera intención de abonar esa deuda, y le culpan de "descapitalizar" Iurbenor. A sus hermanos los considera "cómplices" por ser "administradores de hecho" de la sociedades del grupo

El abogado de la Diputación, principal acreedor tras la quiebra, aseguró que si no hubo aplazamiento de la deuda del IVA como solicitó Fernández, fue porque no había un plan de rentabilidad: "El plan era sacar el dinero de Iurbenor para meterlo en otras empresas del grupo".

La defensa sostiene que no hay culpabilidad de los delitos de los que se les acusa, ya que su maniobra "ni generó ni agravó la deuda", al tiempo que reprochó a la institución foral su trato a Fernández. En esa línea, advirtió de que "si todas las administraciones funcionaran igual no quedaría tejido empresarial en este país". Fuera del tribunal, el empresario cargó contra el diputado general. "Primero incumple y luego intenta perjudicar a la persona acosándolo, persiguiéndolo", insistió.

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