Familiares de niños robados piden pruebas de ADN sin autorización de los jueces

MADRID. Familiares de niños robados durante el franquismo y los primeros  años de la democracia han trasladado un escrito al ministro de  Justicia, Francisco Caamaño, con las principales actuaciones que  quedan pendientes de ejecutar a un mes de las elecciones generales.  Entre ellas, han reclamado que puedan someterse a pruebas de ADN sin  necesidad de interponer una denuncia para agilizar las búsquedas.

La disolución de las Cortes ha empujado a la 'Plataforma de  Afectados de Clínicas de toda España de la causa de niños robados' a  remitir este informe al ministro de Justicia ante la imposibilidad de  cumplir con la medida que pactaron el pasado febrero los grupos  parlamentarios sobre la celebración de una segunda intervención sobre  este asunto en el Congreso de los Diputados.

En su escrito, los afectados por el tráfico de niños emplazan al  Ministerio de Justicia, a la Fiscalía General del Estado y al resto  de órganos competentes del Estado a gestionar de manera "inmediata y  prioritaria" la realización de las pruebas de ADN que les ayuden a  cotejar sus muestras genéticas y a encontrar a los hijos y hermanos  que buscan. "Debería ser un derecho obligado", añaden.

En este sentido, consideran "un error" que el Estado obligue hasta  ahora a las familias a interponer una denuncia y "a buscar culpables"  para poder someterse a estas pruebas y, por lo tanto, a "estar  sujetos siempre a que los jueces así lo acrediten".

El informe, suscrito por la coordinadora de la Plataforma, Mar  Soriano, reclama también la colaboración de la Fiscalía General del  Estado para que interceda a favor de las investigaciones y agilice  los procesos. En este punto, recuerda que el Ministerio Público ha  archivado la mayor parte de sus denuncias por falta de documentación  o ante la "imposibilidad de acreditarse por pruebas de ADN la certeza  del fallecimiento".

PIDE DOCUMENTALISTAS ESPECIALIZADOS

En pro de las investigaciones, la agrupación de víctimas solicita  profesionales específicos, como pueden ser documentalistas  especializados, para acceder a los archivos y esclarecer los datos  registrados en los libros hospitalarios y administrativos de  fallecidos y de nacidos. 

"Tenemos la certeza y pruebas de casos ya resueltos (...) pero no  tenemos no tenemos acceso por no figurar legalmente como familia y  nosotros directamente no podemos gestionarlo por estar sujeta dicha  información a la Ley de Protección de Datos", explica.

En cualquier caso, las víctimas piden ayuda al ministro de  Justicia para que les facilite un mayor "apoyo institucional". Ven  imprescindible que la Fiscalía General del Estado, dirigida por  Cándido Conde-Pumpido, se coordine con el Gobierno y otros organismos  nacionales e internacionales que trabajan en el marco de los Derechos  humanos, "justificando la no prescripción de los delitos". 

"Se hace necesario, por derivación la apertura de una  investigación individual pero a la vez generalizada desde los órganos  jurídico-democráticos competentes: ello daría a la familia y a la  sociedad en general la información necesaria para el esclarecimiento  contundente de estos hechos", señala.

Para finalizar, la plataforma pide al coordinador para atender a  los afectados, Angel Núñez, que emita por escrito las actuaciones que  ha efectuado para resolver esta causa desde su nombramiento por el  Ministerio de Justicia el pasado febrero.