Jabyer Fernández desvió el dinero del IVA para pagar hipotecas de viviendas familiares

BILBAO. "Parte de los fondos transferidos desde Iurbenor se destina a satisfacer necesidades privadas de la familia Fernández Fernández, ya sean bienes adquiridos de forma directa por las personas físicas o mediante la interposición de sociedades patrimoniales sin actividad económica". Esta declaración forma parte de las conclusiones de una auditoria de la Hacienda de Bizkaia que arroja luz sobre los complejos movimientos de dinero entre las diferentes empresas del grupo de Jabyer Fernández.

En concreto, el informe constata que parte del dinero ingresado en la venta de los terrenos de la promoción urbanística Puerta de Bilbao se destinó al pago de las hipotecas de las casas familiares de Fernández, sus dos hermanos y su madre. El empresario vizcaíno alega que distribuyó los cerca de 60 millones de euros logrados en la operación entre empresas del grupo para intentar reflotarlo, pero lo cierto es que el seguimiento realizado por los inspectores de Hacienda revela que algunas de esas compañías tenían como finalidad pagar cada mes las cuotas de los créditos del clan familiar. Y lo han seguido haciendo, una vez declarado el concurso de acreedores de Iurbenor, la compañía que recibió el dinero tras la venta de los terrenos a la antigua fábrica de Sefanitro.

Entre esos fondos "retraídos" de la caja de Iurbenor, 45 millones de euros estaban reservados para el pago a la Diputación del IVA de la operación. Fernández solicitó el aplazamiento de esa deuda ocho meses después de empezar a desviar el dinero. Sus socios se alarmaron cuando tuvieron conocimiento de que no había dinero en la caja para hacer frente al pago del IVA y precipitaron con una querella el proceso penal al que ahora se enfrenta, tras ser condenado esta misma semana en la causa civil con diez años de inhabilitación y la obligación de hacer frente a las deudas de Iurbenor con su patrimonio hasta un límite superior a los 35 millones de euros.

El informe de la Hacienda foral "desmantela" los argumentos de defensa de Fernández, según fuentes conocedoras del proceso. Los testimonios de las autoridades públicas disfrutan en principio de la denominada presunción de veracidad, se presumen como ciertas y es el acusado el que debe aportar pruebas para contradecir los hechos relatados. Se trata de la misma figura legal que ampara a la policía en las multas de tráfico.

Así, el controvertido empresario inmobiliario tiene ante sí una dura prueba. Se enfrenta a una petición de cárcel de entre uno y cuatro años por delito fiscal y otra de entre dos y seis años por insolvencia punible.

El informe, que forma parte de los autos tanto del proceso civil como del penal, demuestra que la fontanería financiera era una constante en la gestión del grupo. El dinero viajaba de una cuenta a otra del conglomerado con absoluta ligereza, aportando liquidez en la empresa que lo necesitara en cada momento. El baile de fondos era constante, casi frenético por las tuberías que conectaban las más de cien empresas del imperio Afer.

Era una practica habitual, que no es legal y que supone una irregularidad administrativa, pero que con "dudosas implicaciones" desde el punto de vista penal, aseguran las fuentes consultadas. De lo que no hay duda para Hacienda y forma parte de los principios acusatorios es de que el dinero "desviado" para "satisfacer necesidades privadas" de la familia Fernández han permitido, entre otras cuestiones, el "vaciamiento patrimonial de Iurbenor".

insolvencia punible Concurren por tanto los elementos necesarios para determinar la comisión de un presunto delito de insolvencia punible. El empresario no destinó los fondos a atender imperiosas necesidades económicas de otras empresas del grupo e incluso, "de forma intencionada, se han simulado negocios que lo único que persiguen es vehiculizar el vaciamiento patrimonial" de la compañía quebrada.

Aportando como pruebas extractos bancarios y la contabilidad de las empresas del grupo, la auditoria de Hacienda señala como Landscape, una sociedad vinculada a Afer que no tiene ingresos declarados, se encarga de pagar las cuotas de la hipoteca de la casa de Jabyer Fernández. El inmueble, una vivienda unifamiliar con piscina climatizada, fue construido en un solar de Castro propiedad del empresario. El crédito vivo ronda el millón de euros y hasta 31 de diciembre de 2010 no ha dejado de pagarse.

Según los inspectores fiscales, parte del dinero consignado al crédito con el que supuestamente se iba reflotar Iurbenor se destinó definitivamente al pago de la hipoteca. Son los fondos que el empresario santurtziarra asegura que no ingresó en la Hacienda foral en su intento de mantener a flote el grupo. El informe subraya que ese dinero llegó a Landscape, a través de una "pluralidad de sociedades", hasta diez intervienen en la operación, demostrando la compleja estructura alambicada del grupo. Y, ciertamente, la forma en la que procede Fernández con su vivienda resulta cuando menos llamativa.

Su mujer tiene un contrato vitalicio de ocupación de la finca sin ninguna contraprestación económica. Mientras que en junio de 2009 sus hijas pagaron 146.500 euros a Landscape para disfrutar del derecho de uso y habitación del domicilio familiar también de forma vitalicia. En ese momento, Iurbenor ya arrastraba serios problemas económicos y Jabyer había empezado a distribuir el dinero del IVA por el grupo.

A efectos prácticos no se podrá embargar la finca durante el proceso judicial porque la maniobra desactiva cualquier operación de venta o subasta, en las que los interesados no obviarán que tendrán tres inquilinas no deseadas si adquieren el inmueble. El propio flujo del dinero que ingresaron sus hijas en la empresa que paga cada mes la hipoteca ilustra la labor de fontanería financiera. La madre de Jabyer recibió 293.000 euros de una empresa de su hijo y lo donó al 50% a sus nietas. Luego éstas lo ingresaron en Landscape. La cantidad parte de una de las empresas que recibió asistencia económica de los fondos reservados para el pago del IVA a Hacienda. Tanto la madre como los hermanos reciben también dinero del grupo para pagar las hipotecas de los pisos de su propiedad. Se trata de una dinámica iniciada durante la época de bonanza del imperio familiar que ha continuado a pesar de que la mayoría de las sociedades se encuentran en proceso concursal.

Por ello, Jabyer, que tenía una nómina declarada de 7.057 euros al mes en 2009, podía pagar un crédito con cuotas mensuales de 6.873 euros. La sociedad del grupo que se hacía cargo de la nómina cambiaba constantemente. Además, de mayo a diciembre de 2010 -fecha en la que termina la inspección- hay una notable subida salarial hasta los 10.057 euros. Son fechas en la que ya se había iniciado el concurso de acreedores y el proceso judicial.

Entre junio y julio de 2009, dos meses antes de que su insolvencia obligara a declarar la quiebra de Iurbenor, Fernández realizó transferencias a su hermano Antonio (146.727 euros), su cuñado (147.641), su madre (147.065) y su mujer (144.537) desde una sucursal bancaria de Hendaia. Ahí se pierde de momento una de las pistas seguidas por los inspectores de Hacienda, que no tienen acceso a los datos de la sucursal francesa y cuya petición de información no ha sido atendida.