El TS encausa al exministro Blanco por presunto cohecho y tráfico de influencias

Bilbao. Ha llegado en el momento menos comprometedor para el socialismo, cuando ya han pasado unas elecciones generales que se saldaron de todos modos con un varapalo para el PSOE, pero la decisión del Tribunal Supremo de investigar al exministro José Blanco por haber cometido presuntamente sendos delitos de cohecho y tráfico de influencias amenaza con horadar aún más la imagen del partido de Ferraz. Mientras la formación afronta su congreso de febrero con un indisimulado cruce de manifiestos procedentes de los distintos sectores que conviven bajo las mismas siglas, el exresponsable de Fomento podría verse obligado a prestar declaración para ofrecer su versión sobre su supuesto cobro de comisiones ilegales a cambio de conceder subvenciones. El PP no ha tardado en salir a la palestra, y se prevé que endurezca su discurso para solicitar la dimisión de Blanco -ahora diputado- escudándose en que el PSOE se situó en primera línea para exigir a los populares que apartaran a Francisco Camps por el Gürtel.

El Supremo, que ha designado como instructor de la causa al magistrado José Ramón Soriano, informó ayer de que la decisión fue adoptada por la Sala de Admisión, compuesta por el presidente de la Sala de lo Penal Juan Saavedra; y por los jueces Miguel Colmenero, Julián Sánchez Melgar, Francisco Monterde y Perfecto Andrés Ibáñez. El tribunal ha terminado accediendo a la petición que el pasado 28 de noviembre cursaba la Fiscalía después de que la titular del juzgado de instrucción número tres de Lugo, Estela San José, apreciara indicios de delitos de cohecho y tráfico de influencias.

Soriano tendrá que decidir en los próximos días si llama a declarar como imputado al exministro. De hacerlo, tendría que pedir el suplicatorio ante el Congreso. No obstante, el socialista tiene la posibilidad de optar por una declaración voluntaria, lo que aceleraría el trámite de forma considerable, según informaron fuentes jurídicas a Europa Press.

Blanco pudo ofrecer ayer a Efe sus primeras impresiones sobre la decisión del Supremo y, como era de esperar, se mostró lacónico y prudente. "Manifiesto mi respeto al trabajo de la justicia. Tengo la seguridad de que la investigación va a clarificar las falsas acusaciones y se va a esclarecer la verdad", dijo. La dirigente socialista Elena Valenciano coincidió en que Blanco tendrá la oportunidad de defenderse, mientras el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, parafraseó al monarca español en su discurso navideño y avisó de que "la justicia es igual para todos y es inexorable". "Su futuro es cada vez más oscuro", auguró.

LA VERSIÓN DE DORRIBO En concreto, el empresario farmacéutico Jorge Dorribo ha acusado a Blanco de cobrar comisiones a través de la empresa de instalaciones eléctricas de un primo político del ministro, Manuel Bran, a cambio de las gestiones realizadas a su favor en los departamentos de Hacienda y Sanidad. Dorribo ingresó en prisión en mayo tras haber sido detenido como supuesto cabecilla de una trama para lograr subvenciones públicas de modo fraudulento -uno de los pagos se habría realizado en una gasolinera de Lugo-, aunque consiguió ser puesto en libertad tras haber declarado el 8 de agosto.

La operación campeón -en el marco de la cual se llegó a detener a 16 personas- asesta un duro golpe al corazón del socialismo, ya que Blanco fue uno de los puntales del Ejecutivo de Zapatero y pasó, asimismo, a convertirse en su portavoz. Además, ocupa el cargo de vicesecretario general del PSOE en el partido. Sin embargo, Blanco no fue el único político a quien apuntaron las incendiarias acusaciones de Dorribo. El exdiputado Pablo Cobián, del PP, así como Fernando Blanco, del BNG, se vieron obligados a dimitir después de que el caso estallara en los medios de comunicación.

Dorribo declaró, asimismo, que el pasado 5 de febrero, antes de verse con José Blanco en una gasolinera, entregó a su primo político un sobre con 200.000 euros que, supuestamente, este trasladó después al titular de Fomento. El ministro socialista admitió el encuentro, pero negó haber cobrado nada. Otra de las acusaciones que pesan sobre el exintegrante del Ejecutivo español hace referencia a su presunta intervención para que el vicepresidente de Azkar, Antonio Orozco, consiguiera la licencia para construir una nave en la localidad barcelonesa de Sant Boi de Llobregat.