Fomento para el proceso de privatización de los aeropuertos de Barajas y El Prat

MADRID. El anterior equipo de Fomento encabezado por José Blanco diseñó una privatización que pasaba por separar la gestión de la navegación e incluía en primer término concesiones de los aeropuertos de Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat, los más rentables.

Adicionalmente, se abría la puerta a la venta en el futuro de hasta un 49 % de Aena y se liberalizaba el servicio de control de las torres, de las que ya se han adjudicado al sector privado trece.

La privatización de Aena fue adelantada el 1 de diciembre de 2010 en el Congreso por el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, una operación con la que el Estado quería obtener unos ingresos de más de 8.000 millones, una vez descontada la deuda (unos 12.000 millones).

 Tras las primeras protestas de los trabajadores de la entidad pública, el proceso arrancó en 2011 y fue cumpliendo los hitos previstos, como la creación en febrero de la sociedad Aena Aeropuertos, encargada de las cuestiones de gestión y explotación de los aeropuertos españoles.

La concesión de los dos grandes aeropuertos suponía la creación en España de un nicho de negocio desconocido y las grandes empresas del sector se mostraron dispuestas a entrar en el.

A mediados de julio de 2011 se crearon las sociedades concesionarias de Barajas y El Prat y el Gobierno fijó el precio de salida de su concesión en 3.700 y 1.600 millones de euros, respectivamente, cifra a la que se sumaría un canon anual del 20 %.

En septiembre pasaron el primer corte siete consorcios empresariales que debían presentar sus ofertas antes del 31 de octubre.

Sin embargo, después del verano se hizo patente el deterioro de la economía española y europea y en otoño se agudizó la crisis de deuda de los países europeos y se cerraron los mercados financieros.

Al mismo tiempo, desde el ámbito político las críticas a la privatización arreciaron. El PP, que se opuso desde el principio al proceso diseñado por el Gobierno de Zapatero, acusó al Gobierno de malvender el gestor aeroportuario y reclamó su paralización por la cercanía de las elecciones.

Desde el sector se consideraba que la valoración de Aena era muy alta dadas las circunstancias del mercado, se daba por segura la imposibilidad de lograr en el mercado los 5.700 millones de euros necesarios para pujar por los dos aeropuertos y auguraban que el concurso quedaría desierto.

 Quince días antes de que concluyera el plazo para presentar ofertas Aena lo prorrogó hasta el 31 de enero, una prórroga que ahora se ha convertido en cancelación a la espera de que el equipo de la ministra de Fomento, Ana Pastor, diseñe un nuevo procedimiento de privatización.