El Gobierno se vio obligado a pedir un crédito de 500 millones en diciembre para tener caja

BILBAO. El Gobierno vasco abrió el pasado 28 de diciembre una línea de crédito de 500 millones de euros en BBK con el fin de aumentar los fondos disponibles. Al cierre de 2011, el Gabinete socialista solo tenía 273 millones de euros en caja, una cantidad muy ajustada que no ofrece garantías ante sobresaltos financieros, y con esa previsión el Departamento de Economía buscó un colchón de liquidez inmediata. El saldo de tesorería había bajado bruscamente desde los 980 millones registrados apenas un mes antes.

El préstamo se concedió dos semanas después de ordenar el bloqueo del pago de facturas para blindar sus cuentas y corregir en falso el desfase del déficit. Todavía hay tesorería, pero la consigna es no gastar y el Gobierno decidió habilitar un fondo para tener más cash disponible. Ese dinero no se está utilizando para pagar todas las deudas pendientes con proveedores, contratistas de servicios y obras o las subvenciones paralizadas.

Se trata de un operación casi calcada a la realizada en marzo de 2010 también con BBK. Entonces se pidieron 600 millones de euros para atender gastos corrientes -como las nóminas o la factura de la luz,- tras denunciar el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Aguirre, que el anterior Gobierno había dejado vacía la caja.

Aquel reproche, que se demostró posteriormente falso con los datos de tesorería que envía periódicamente al Parlamento, generó gran incertidumbre en los mercados a los que la CAV tiene que acudir a colocar su deuda. Ahora, casi dos años después, el gabinete de Patxi López arremete contra los que "dañan la imagen de Euskadi con sus ataques al lehendakari", en referencia a las informaciones sobre la paralización del pago de facturas.

La nueva línea de crédito vuelve a tener carácter de urgencia. El Ejecutivo también tendrá que devolver el dinero en seis meses a un interés algo superior, el Euribor más un 1,25%. Con esos 500 millones, las operaciones de endeudamiento vigentes a 31 de diciembre sumaban 5.500 millones entre préstamos y emisiones de deuda.

La situación financiera del Gobierno del PSE ha sido mala durante todo el año. Ya en el mes de junio se realizó otra operación similar con un préstamo de 300 millones, también con la caja vizcaina, en ese caso con un plazo de devolución de tres meses. Dos días antes del vencimiento, el 13 de septiembre, el Departamento de Hacienda pidió la prórroga de la línea de crédito por otros 45 días. El Gobierno de Rodríguez Zapatero no había aprobado el plan de reequilibrio financiero de la CAV por las dudas que albergaba sobre el cumplimiento del objetivo del déficit y, por tanto, no tenía autorización para emitir deuda. A finales de octubre se levantó el veto y se colocaron más de 150 millones de euros en bonos a 5 y 10 años. El crédito de junio se canceló, pero sólo dos meses después se solicitaron los otros 500 millones a seis meses, con una cláusula que también permite la prórroga automática.

Ese dinero blinda al Ejecutivo ante contingencias financieras, una defensa básica para una administración que mantiene una diferencia de más de 80 millones de euros con el Estado por los pagos del Cupo y que tendrá que realizar en el mes de mayo el primer ingreso de este año y la liquidación del anterior.

Antes recibirá a su vez la primera inyección del ejercicio por parte de las diputaciones, pero las previsiones de recaudación no son nada halagüeñas. Todas esas claves añaden más piezas al puzzle del bloqueo de facturas.

Habiendo dinero para hacer frente a los pagos pendientes, se ha cerrado el grifo para por una parte evitar que se desboque todavía más el déficit de 2011 y por otra para no vaciar más la caja. Ha sido en esencia una decisión política y no técnica, como intentó trasladar el lunes el consejero de Economía aseguran funcionarios consultados.

Desde la publicación el pasado lunes en DEIA del bloqueo, se ha abierto poco a poco la caja y se empiezan a pagar algunas facturas. Fuentes no oficiales de Lakua aseguran que los pagos se realizan sin un criterio objetivo y con discrecionalidad. Ayer se confirmó que se han abonado a las farmacias las recetas. Seguían paralizados en cambio los pagos de la mayoría de los contratistas de servicios y obras. También las nóminas de los becarios y, en general, las facturas de los proveedores y algunas subvenciones públicas.