El Gobierno vasco rechaza la cadena perpetua planteada por Gallardón

Bilbao. El Gobierno vasco dejó claro ayer que no le ha gustado la batería de reformas anunciadas por el ministro de Justicia español, Alberto Ruiz-Gallardón, en las que prevé penas de prisión preventiva para las personas que cometan delitos que causen "alarma social" o el copago judicial para aquellos que recurran una sentencia en segunda instancia. Tampoco ha dejado un buen sabor de boca estas medidas en el fiscal superior de la CAV, Juan Calparsoro, que consideró ayer que en el Estado español las penas son ya lo suficientemente "elevadas" como para plantear un cambio de este calado.

En sintonía con esta tesis, la consejera de Justicia y portavoz del Gobierno vasco, Idoia Mendia, se mostró contraria a la hoja de ruta bendecida por el Gobierno de Rajoy en materia judicial al entender que la cadena perpetua, aunque sea revisable, no tiene cabida en el actual Código Penal. "Las condenas que tenemos son suficientes y como dicen además los entendidos, más elevadas que en el contexto europeo", aseguró Mendia.

Precisamente, equiparar las penas a países europeos como Italia, Francia o Grecia fue uno de los argumentos empleados el miércoles por Gallardón para justificar la implantación de esta medida, un razonamiento insuficiente para el fiscal superior de la CAV que recordó que el Estado español es el socio de la Unión Europea donde más reclusos hay en proporción a la población, por lo que advirtió de que el actual sistema ya es de por sí "muy duro".

Sobre este debate, la vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Margarita Uria se mostró "absolutamente contraria" a la entrada en vigor de esta propuesta en un sistema penal que ha mantenido, a su juicio, una línea de endurecimiento permanente. Entrevistada en Onda Vasca, Uria consideró que no se puede hablar de un sistema "benévolo" al hablar del ordenamiento estatal y constató sus peores impresiones con las reformas anunciadas por el ministro de Justicia. "Es un retroceso en materia de derechos y garantías", aseveró.

Otra de las medidas anunciadas por el Gobierno español que ya ha empezado a levantar ampollas es la del copago judicial, un giró al actual sistema que establecerá tasas para las personas que recurran un procedimiento judicial a partir de la segunda instancia. En este sentido, Uria entiende que se trata de una cuestión "enormemente grave" que encarece el servicio público de la Justicia y evidencia un retroceso importante en esta materia. "Todo ciudadano paga sus impuestos y ahí ya está pagando la Justicia. Mediante esta medida estaría pagando dos veces", advirtió Uria.

reforma de la ley del aborto Sin embargó, el rechazo que ha suscitado esta batería de medidas va más allá de la cadena perpetua revisable o el copago judicial. La reforma de la Ley del Menor o la de la interrupción voluntaria del embarazo son otras cuestiones planteadas por el ministro de Justicia que no han causado excesiva satisfacción en el Gobierno vasco. Tampoco lo ha hecho, según aseguró ayer Mendia, la reforma del método de elección del Consejo General del Poder Judicial, que pretende que los jueces y magistrados elijan directamente a sus doce vocales en el CGPJ, en lugar de hacerlo como hasta ahora las Cortes.