Los directivos de cajas que han recibido ayudas no ganarán más de 600.000€

Bilbao. El Gobierno español aprobó ayer la reforma del sistema financiero. Si el jueves se dieron algunos detalles sobre lo que implicará esta norma, ayer Luis de Guindos, ministro de Economía, anunció que el Gobierno español ha limitado a 600.000 euros el sueldo de la cúpula en las entidades que han recibido ayudas públicas y a 300.000 euros en las que han sido intervenidas por el Estado.

Es decir, muchos dirigentes de cajas reconvertidas en bancos tendrán que bajarse el sueldo, hasta incluso un 75%. Es el caso del ex ministro Rodrigo Rato, presidente de BFA-Bankia que reconoció una remuneración anual de 2,34 millones de euros en 2011. Pero no es el único. El presidente de la CAN, Enrique Goñi, copresidente de Banca Cívica, y su copresidente, Antonio Pulido reconocieron 900.000 euros. Los directivos de BFA-Bankia, Banca Cívica, BMN y Caja España, no podrán cobrar a partir de ahora, remuneraciones anuales superiores a 600.000 euros.

Pero el Gobierno estableció también un límite de 300.000 euros a las remuneraciones que perciben los máximos directivos de las cuatro entidades controladas por el FROB, y que serán subastadas a lo largo del año. Estas entidades son Catalunya Caixa, Unnim y Novagalicia, a las que se une el Banco de Valencia, cuyo consejo de administración fue destituido por el Banco de España hace unos meses. El presidente de CatalunyaCaixa, Adolf Todó, percibe 1,55 millones anuales, y su director general Jaume Masana, 860.000 euros, en tanto que el director general de Unnim, Jordi Mestre, cobra 960.000 euros. En Novagalicia, el presidente Jose María Castellano, y el consejero delegado, César González-Bueno, reconocieron un salario de 890.000 euros anuales.

La nueva normativa aborda así uno de los aspectos que ha generado en los últimos meses más malestar social: los altos salarios que perciben los directivos de los bancos y cajas que han percibido ayudas públicas. El Ejecutivo de Rajoy pidió al Banco de España un informe con recomendaciones sobre este asunto. Ese informe revela que las entidades que han percibido ayudas del FROB cumplen de manera "media o baja" las directivas europeas sobre esta materia.

Planes del ICO El Gobierno, por otro lado, acordó dotar con 10.000 millones de euros a la línea del Instituto de Crédito Oficial que permitirá a las comunidades autónomas afrontar los pagos pendientes con proveedores y financiar vencimientos de deuda. La dotación de la línea se podrá ampliar a 15.000 millones de euros, previo acuerdo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.

Así lo adelantó ayer la portavoz y vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, insistiendo que el acceso a esta línea estará condicionado al cumplimiento de las exigencias en disciplina presupuestaria.

Así, las comunidades podrán usar los créditos de esta línea para pagar los contratos de suministro de obras y servicios suscritos antes del 1 de enero de 2012 previamente contabilizados como déficit, y para cumplir las obligaciones de deuda financiera contraída antes del 1 de enero de 2012 que venzan a mediados de este año.