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Elena Zarraga pide que se acabe con la laguna que no permite conceder líneas de ayudas a ese efecto
A. D. M. - Domingo, 5 de Febrero de 2012 - Actualizado a las 05:40h
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Bilbao. Las cifras hablan por si solas pero la directora general de Oinarri les pone voz: "El papel de las sociedades de garantía recíproca es vital en la salida de la crisis y por ello reivindico a las instituciones la necesaria apuesta por este sistema por ser la opción más interesante para las administraciones de canalizar eficientemente recursos para conseguir que los fondos del sistema bancario fluyan a la economía real".
Zarraga reconoce que una administración no puede intervenir directamente en la reconversión de las numerosas empresas privadas que tendrán o han tenido que afrontar ese reto, pero sí puede potenciar la actividad de las SGR para que sea una palanca en ese sentido. Hay mucho movimiento en este sentido y Oinarri ha detectado un incremento notable de compañías que apuestan por abrir el capital a sus trabajadores para garantizar su supervivencia. Esa cooperativización no cuenta con líneas específicas de ayuda y Zarraga pide que se acabe con esa laguna.
Con un repunte constante de los procesos concursales durante la crisis, un 27% en 2011, la implementación de esas ayudas a la cooperativización es urgente. "No nos podemos conformar con lo que hay, debemos generar nuevas vías porque es muy difícil que una empresa resista una proceso concursal", alerta. El esquema actual tiene otras carencias, como líneas de actuación de cara a las microempresas o a los autónomos. Oinarri ya está trabajando en esa línea y ha cerrado acuerdos con diversos colectivos, como comerciantes y fontaneros, entre otros. "Estamos constantemente sentados con la administración para generar nuevos productos, tenemos nuestras peleas, porque los recursos son escasas, pero hay que saber priorizar. Y ahora la prioridad es que fluya el crédito a las empresas. No hay ningún euro público que sea a día de hoy más aprovechable", destaca.
El efecto multiplicador de la aportación pública es importante. Cada euro que aportan las administraciones públicas a la SGR permite 12,5 euros en avales financieros, y si la aportación la realiza CERSA como reaseguro de la operación, se multiplica por 37,5 euros.
Tras poner un primer pie en Catalunya, las siguientes fronteras a atravesar son Levante, Murcia y Andalucía. Existe interés en las empresas de economía social de esas comunidades en los trajes de medida de la sociedad avalista vasca, pero es necesario que las administraciones locales se impliquen como lo ha hecho el Gobierno vasco, asumiendo parte del riesgo de la operación.
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