El Supremo derrumba la carrera judicial de Garzón

Bilbao. El Tribunal Supremo condenó ayer al juez Baltasar Garzón a 11 años de inhabilitación y a una multa de 2.520 euros por un delito de prevaricación cuando intervino en prisión las comunicaciones de los cabecillas de la trama Gürtel con sus abogados. La resolución, que fue acordada por unanimidad, conlleva la pérdida definitiva de su cargo en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, así como la incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial, o con funciones jurisdiccionales fuera del mismo.

La sentencia insiste a lo largo de sus 68 páginas en que la decisión de Garzón de autorizar las escuchas fue injusta porque "laminó" de forma arbitraria y sustancial el derecho de defensa de los imputados de la trama Gürtel en prisión -Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez-, "sin razón alguna que pudiera resultar mínimamente aceptable". En su resolución, los magistrados aseguran que, con su actuación, Garzón "colocó a todo el proceso penal español al nivel de los sistemas políticos y procesales característicos de tiempos ya superados, admitiendo prácticas que en los tiempos actuales solo se encuentran en los regímenes totalitarios en los que todo se considera válido para obtener la información que interesa, o se supone que interesa, al Estado".

El Supremo incide, además, que con la decisión de ordenar las escuchas de los imputados y sus abogados no se tuvieron en cuenta "las mínimas garantías efectivas de los ciudadanos", puesto que la intervención de las comunicaciones entre imputados y abogados "solo pueden acordarse en casos de terrorismo y previa orden de la autoridad competente". Además, recalca que el juez de la AN, cuando ordenó estas escuchas, no tenía ningún dato que pudiera indicar que los imputados estuvieran aprovechando las comunicaciones con sus abogados para facilitar la comisión de nuevos delitos.

El Supremo asegura, asimismo, que el delito de prevaricación no se puede entender en ningún caso como un ataque a la "independencia del juez", sino como una exigencia democrática en la necesidad de reprobar su actuación. El alto tribunal rubrica su sentencia asegurando que la búsqueda de la verdad no justifica el empleo de cualquier medio. "La justicia obtenida a cualquier precio termina no siendo Justicia", subraya.

Juez estrella Baltasar Garzón expresó ayer mismo su rechazo "frontal" a la sentencia y anunció que la recurrirá. En un comunicado, señaló que "ahora y a lo largo de este procedimiento, mis derechos han sido sistemáticamente violentados, mis peticiones de defensa desatendidas, el juicio oral una excusa, cuyo contenido ha sido utilizado solo contra mí, prescindiendo de los elementos favorables que me beneficiaban, para, con ello, poder dar forma a una sentencia que ya estaba anunciada desde hace meses".

Poco antes, su abogado, Francisco Baena Bocanegra, afirmó que su cliente está "dolido y abatido" por la condena del Tribunal Supremo, aunque aseguró que "se pondrá en pie y recurrirá ante el Tribunal Constitucional porque se han vulnerado sus derechos". Por su parte, la Presidencia del Tribunal Supremo y del CGPJ tachó de "inaceptables, frívolas y carentes de fundamento" las críticas vertidas tras la condena.

Desde su despacho en la Audiencia Nacional, Garzón se convirtió en un juez estrella llevando la mayor parte de los casos contra ETA, así como contra las actividades del narcotráfico. Fue el instructor, entre otros, de la denominada operación Nécora contra el narcotráfico gallego, lo que le dio una gran notoriedad. Ahora, después de que en 2002 se promoviera su candidatura al Premio Nobel de la Paz, debe afrontar su futuro fuera de los tribunales.