La madre de una niña asesinada por ETA: "Asesinos, cobardes, hijos de puta"

MADRID. La madre de la niña de seis años asesinada en el atentado de Santa  Pola (Alicante), Toñi Santiago, ha increpado con calificativos de  "asesinos cobardes" e "hijos de puta" a los miembros de ETA que la Audiencia  Nacional juzga por estos hechos y ha pedido "justicia" para que su  hija sea "la última" y no vuelva a haber "ningún otro niño asesinado  por ETA".

Santiago, que ha sido amonestada en dos ocasiones por el  presidente del tribunal, Fernando García Nicolás, ha dirigido estos  calificativos durante su declaración, en la que ha llegado a girar la  cabeza para mirar a los acusados, que han permanecido indiferentes a  su relato. Después los ha repetido mirándoles a la cara y con tono  desafiante cuando abandonaba la sala de vistas.

La testigo ha explicado entre llantos cómo se produjo el atentado  y ha dejado "en manos" de los magistrados que los terroristas "no se  vuelvan a cruzar con ninguna criatura". "`Que ningún padre tenga que  enterrar nunca a un hijo en manos de esta gente, por favor!", ha  pedido con un hilo de voz.

Ha comenzado su relato indicando que en el momento de la explosión  la pequeña, Silvia Martínez Santiago, jugaba en el patio con su primo  Borja, de tres años. "En unos instantes todo se volvió oscuro, todo  se movía, no sabía lo que pasaba, le preguntaba a mi hermano y noté  como corría por mi cara un chorro de sangre", ha contado visiblemente  afectada. 

"SABIA QUE MI HIJA MORIA"

Cuando por fin la encontró vio que estaba "cubierta de escombros y  sólo se le veían los ojos" e intentó "desesperada" sacarla de allí.  "Conforme iba viendo su cuerpo sabía que mi hija moría", ha señalado  antes de indicar que por un boquete gritó: "`Auxilio, socorro! `Por  favor, que alguien me ayude, mi hija se muere!".

Tras ser ayudada por su hermano y dos agentes, notó cómo los  cristales se le "incrustaban en los pies" y mientras tanto gritaba  "hijos de puta, hijos de puta". En este punto, Santiago se ha dado la  vuelta para mirar a los acusados, Andoni Otegi y Oscar Celarain, lo  que ha provocado que el presidente del tribunal le haya pedido que,  aunque entendía el "estado" en el que se encontraba, se abstuviera de  hacer ese tipo de comentarios. 

"Cuando terminé de bajar las escaleras Silvia ya estaba en la  ambulancia -ha continuado la testigo--. Subí con la niña, le pedía  por favor al conductor que corriera y la persona que iba con nosotras  decía que tenía una parada cardiorrespiratoria. Entonces, empecé a  rezarle y a cantarle al oído hasta que llegamos al hospital. Una vez  allí los médicos dijeron que no podían hacer nada por la niña y que  habia fallecido". 

"ME HAN AMPUTADO EL ALMA"

Desde ese momento Santiago ha dicho que su vida ha sido "una  continua lucha por defender la memoria y la dignidad". "Que se haga  justicia por nuestra pequeña", ha añadido antes de señalar que el  atentado no le amputó "una pierna ni dos dedos". "A mí me han  amputado el alma y el corazón", ha aseverado. 

En el banquillo de los acusados se sientan los miembros del  'comando Argala' de ETA Andoni Otegi Eraso, alias 'Iosu', y Oscar  Celarain Ortiz, 'Peio', que se enfrentan a 1.180 años de cárcel por  colocar el 4 de agosto de 2002 un coche-bomba que estalló frente a la  casa cuartel de la Guardia Civil. La explosión causó la muerte de la  pequeña Silvia Martínez Santiago y de Cecilio Gallego Alaminos, que  se encontraba en la parada del autobús. Además, resultaron heridas  otras 56 personas. 

En la primera jornada del juicio, que quedará visto para sentencia  este miércoles, un mando de la Comandancia de Alicante de la Guardia  Civil declaró que la hora escogida por los terroristas, las 20.15 de  la tarde, era "propicia para causar mucho daño en el cuartel y en la  parada del autobús", al tratarse de "un lugar de paso" y "siendo  agosto, verano y un lugar de costa". "Para lo concurrido del lugar,  poco pasó", añadió otro agente, que realizó la inspección ocular. 

Otegi y Celarain fueron condenados en 2006 en Francia a ocho años  de cárcel por los delitos de asociación de malhechores, tenencia de  armas y explosivos y uso de documentación falsa. En mayo pasado, la  Audiencia Nacional les impuso 18 años y 3 meses de cárcel por atentar  en junio de 2002 en Marbella (Málaga) y en noviembre pasado les  condenó a otros 50 años por el asesinato del edil de UPN en Leitza  (Navarra) José Javier Múgica.