Un médico se enfrenta a más de 300 años de cárcel por más de cien abortos ilegales

BARCELONA. El juicio contra el médico peruano Carlos Morín y sus  colaboradores que presuntamente formaron un entramado hasta 2007 en  sus clínicas privadas de Barcelona para realizar más de un centenar  de abortos ilegales empieza este viernes en la Audiencia de Barcelona  con las cuestiones previas y las declaraciones de los imputados a  partir de este lunes. 

La asociación E-Cristians, que ejerce de acusación popular en el  caso Morín, ha pedido este jueves una nueva legislación que proteja a  los no nacidos e impida que el aborto se convierta "en un puro y gran  negocio".

En una rueda de prensa, el presidente de E-Cristians, Josep Miró,  ha reclamado esta, ya que "sólo hace falta ver el estandarte de vida  que llevaba Morín como se ve en el sumario (no es ninguna cuestión de  fisgoneo). Uno no tiene un Ferrari, un Maserati, una torre de 450  metros cuadrados a base de hacer abortos si el aborto no es un mero  negocio", ha lamentado.

También ha criticado "la impunidad con que se puede actuar de  forma brutal por parte de las administraciones", lamentando que los  establecimientos nunca registraron una inspección mientras  funcionaban, y que el negocio fue financiado con subvenciones  públicas. 

Miró ha recordado algunas de las presuntas irregularidades que se  perpetraban en sus clínicas, como que el 96% de los casos se acogían  a la excepción legal de interrumpir el embarazo "por riesgo  psicológico o físico de la madre", pese a que nunca eran visitadas  por psicólogos y les hacían firmar documentos en blanco con datos  falseados para simular que el feto no sobrepasaba las 22 semanas  permitidas por la entonces ley vigente. 

También ha insistido en la "mala praxis" y las condiciones  sanitarias de las operaciones, que ponían en riesgo la salud de las  mujeres --llegaron a pagar hasta 6.000 euros-- e incluso introducían  los restos biológicos en trituradoras y se deshacían de ellos por el  alcantarillado. 

Por ello, Morín se enfrenta a más de 300 años de cárcel, acusado  de delitos de aborto, asociación ilícita y un delito continuado de  falsedad documental, y 12 colaboradores también están imputados en la  causa que ha investigado el Juzgado de Instrucción 33 de Barcelona. 

En el juicio que arranca este viernes en la Audiencia, desfilarán  hasta 115 testigos, uno de los cuales está protegido porque se trata  de una extrabajadora de la clínica que permitió reiniciar el caso  después de que algunos medios extranjeros divulgaran las supuestas  ilicitudes de estas prácticas en las clínicas de Morín, ha destacado  el presidente de E-Cristians. 

LAS MUJERES NO ESTAN IMPUTADAS

Las mujeres que acudieron a las clínicas, que permanecen  clausuradas, fueron imputadas en un primer momento, pese a que  después el juez decidió que fueran sólo testigos, lo que Miró ha  celebrado: "El juicio se tiene que concentrar en Morín y su  organización". 

Según ha remarcado, se trata del juicio "más importante sobre este  tema en Europa por el número de inculpados, testigos y volumen de  años de cárcel", aunque ha afirmado que inicialmente les avisaron de  que una querella como la que presentaron en 2006 por aborto ilegal de  mujeres que llevaban más de seis meses de gestación no prosperaría. 

Miró ha pedido garantizar que todos los imputados comparezcan en  la Audiencia "para que no parezca una opereta", después de que uno de  los procesados, Marcial R., haya huido, si bien el abogado de  E-Cristians, Carlos Barbosa, ha dicho que no pueden pedir medidas  cautelares para evitarlo.