La Audiencia Nacional rechaza juzgar a los detenidos por los disturbios del 25-S

Bilbao. La pretensión del Ministerio del Interior de que los 34 detenidos en los incidentes del pasado martes en las inmediaciones del Congreso fueran puestos a disposición de la Audiencia Nacional quedó ayer en agua de borrajas. El juez Santiago Pedraz rechazó esta posibilidad toda vez que el atestado que le remitió la Policía española les acusaba de delitos de atentado, lesiones, resistencia a la autoridad, desobediencia y desórdenes públicos, "ninguno de ellos competencia de la Audiencia Nacional".

Nada que ver con el anuncio que realizó en la Cámara baja el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, en el sentido de que los arrestados iban a ser acusados de delitos contra altos organismos de la Nación, que son competencia de la Audiencia española. Fuentes jurídicas citadas por Europa Press expresaron ayer el malestar de este tribunal por la actuación del Ministerio de Interior y la Policía, a causa de su tardanza a la hora de informar sobre el paso a disposición judicial de los arrestados.

Las críticas no se quedaron ahí, y los dos principales sindicatos policiales cargaron contra Interior por la confusión creada en torno a los delitos de los que se acusa a los detenidos. Desde el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) censuraron al Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz por haber buscado el delito a imputar antes que la prueba, mientras que la Confederación Española de la Policía (CEP) lamentó lo que calificó como un nuevo caso de "aceleración verbal" por parte del Ministerio.

Tras la decisión del juez Pedraz de no asumir la competencia de juzgar a los arrestados -apoyada por el Ministerio Fiscal, que no presentó ninguna acusación-, éstos pasaron a disposición judicial en el Juzgado de instrucción número 8 de plaza de Castilla, a cuyos calabozos fueron trasladados. Uno de ellos, menor de edad, está a cargo del Grupo de Menores (Grume) y pasó a disposición judicial en la Fiscalía de Menores.

Un grupo de unos cincuenta familiares y amigos de los detenidos se congregaron en la tarde de ayer a las puertas del juzgado de guardia con una pancarta con el lema Solidaridad con detenidos 25-S. Stop a montajes policiales. Desde el interior de los calabozos, los arrestados se comunicaron a gritos con sus allegados.

La toma de declaración empezó a las cinco de la tarde y ya por la noche la juez de guardia de Madrid puso en libertad con cargos a 34 de los detenidos y dictó prisión provisional eludible mediante fianza de 1.000 euros para otro, sobre el que recae una imputación de comisión de dos delitos de atentados y de desórdenes públicos. Según informó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), los 34 que han quedado en libertad se enfrentan a la imputación de la posible comisión de atentado y desórdenes públicos, según el caso.

Coste Las manifestaciones convocadas en lo que va de año en Madrid han costado al Ayuntamiento 3,7 millones de euros solamente en seguridad y limpieza, como se desprende de un informe presentado en Junta de Gobierno. Entre enero y septiembre, el número de concentraciones y manifestaciones, autorizadas o no, ha ascendido a 2.732, mientras que en 2011 fue de 1.380, lo que supone un incremento de un 97,97%.

Este hecho provocó la queja de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, que emplazó a la delegada del Gobierno en la capital española, Cristina Cifuentes, a "ser prudentes con las que se autorizan para hacer compatible el derecho de manifestación con la vida normal en la ciudad".