La Audiencia retira el pasaporte a Iñaki Azcorra para evitar su fuga

Bilbao. La Audiencia Provincial ha ordenado la retirada del pasaporte a Iñaki Azcorra, el administrador de fincas y presunto responsable de la desaparición de cerca de 500.000 euros propiedad de varias urbanizaciones y comunidades de vecinos de Eskuinaldea. Con esta medida, la Audiencia pretende evitar que el principal sospechoso de esta estafa millonaria tenga la tentación de darse a la fuga como, al parecer, hizo a finales del pasado mes de junio. Otra de las medidas con las que se pretende mantener a Azcorra localizado es la imposición de personarse, dos veces por semana, en los juzgados de Getxo para plasmar su firma y demostrar que continúa en Bizkaia.

La Audiencia Provincial tomó esta determinación después de que la pasada semana Azcorra abandonara la prisión de Basauri donde permanecía detenido desde el día 7 de agosto. El getxotarra se encuentra el libertad después de que un familiar abonara los 3.000 euros que se estipularon como fianza. En un principio, la cifra que Azcorra debía abonar como garantía de que se presentase ante el juez cuando este lo exija era de 12.000 euros, sin embargo, el pasado martes la Audiencia Provincial decidió rebajar esta cantidad a 3.000 euros y así el administrador pudo salir de la cárcel.

Según ha podido saber DEIA de fuentes cercanas al caso, el administrador de fincas deberá presentarse semanalmente en los juzgados de Getxo hasta el juicio una vez finalizada la instrucción del caso; una fecha que, según parece, tardará en llegar.

Y es que, según fuentes cercanas al caso, se trata de una investigación "larga y complicada", ya que son muchas las personas afectadas y los testigos que deben comparecer ante el juez; como también son muchas las cuentas y las cifras que hay que cuadrar durante la investigación antes de que se dé por finalizada la instrucción y se fije una fecha para la celebración del juicio. No en vano, Azcorra llevaba las cuentas de 42 comunidades de vecinos y urbanizaciones de Eskuinaldea -principalmente Algorta, Plen-tzia y Barrika-. Muchas de ellas denunciaron a Azcorra por un delito de estafa cuando el 29 de junio de marchó se dejar rastro. Asimismo, en torno a ocho comunidades interpusieron su demanda por apropiación indebida contra el administrador. No obstante, por el momento, tan solo una de las comunidades se ha personado como acusación particular, aunque se espera que el resto lo haga próximamente.