El PNV defiende que un sistema vasco de pensiones sería sostenible y no deficitario

Bilbao. Desde que estallara el debate independentista en Catalunya, PSE y PP han coincidido en oponerse a la secesión por motivos económicos. Tras aludir en un primer momento a los aranceles que tendrían que pagar las empresas, los constitucionalistas han desviado el foco hacia el mantenimiento de las pensiones. A su juicio, en una sociedad tan envejecida como la vasca, no sería posible sostener el nivel actual de las pensiones con el sustento exclusivo de las aportaciones de los trabajadores vascos. Según su análisis, serían los contribuyentes del Estado quienes ayudan a la CAV a gozar de unas prestaciones dignas. Tal es su convencimiento, que el PSE ha ido más allá y no solo se ha opuesto a la independencia, sino a la posibilidad de asumir la competencia de las políticas pasivas de empleo -prestaciones a parados-, que supondría la ruptura de la caja única de la Seguridad Social, "garantía de que nuestros pensionistas puedan seguir percibiendo" sus prestaciones.

Sin embargo, desde el PNV no comparten ese análisis, y recurren a los datos de la web del Ministerio de Empleo para calcular que la CAV aporta más de lo que recibe. En concreto, agosto se saldó con un superávit de más de 22 millones a favor de Euskadi en materia de pensiones. Según los jeltzales, a la CAV no le iría peor a la hora de garantizar las prestaciones por desempleo, en las que también se registraría un saldo favorable, de casi ocho millones. El superávit total en términos mensuales se situaría en 30.397.892 euros.

Para hacer su cómputo, y según ha podido saber DEIA, el PNV calcula en primer lugar el monto que aporta el Estado a la CAV en concepto de pensiones, y que asciende a 523.871.760 euros. Esa cifra se obtiene tras multiplicar el número de beneficiarios de las prestaciones -509.341- por la pensión media que recibe cada colectivo por incapacidad permanente, jubilación, viudedad u otros conceptos. A renglón seguido, compara esa cifra con la aportación de los vascos a la Seguridad Social, que ascendería a 546.281.786 euros, tras multiplicar los 896.158 afiliados por su cotización media, que se situaría en algo más de 609 euros. La conclusión es que la CAV genera un superávit de 22.410.026 euros.

En materia de desempleo, y recurriendo a las cifras del Eustat correspondientes a agosto, el PNV parte de los 160.125 parados registrados ese mes. El Estado aportaría una prestación media de 800 euros al mes, lo que supondría un monto mensual de 128.100.000 euros. Las aportaciones de los 896.158 afiliados, sin embargo, superarían los 136 millones, lo que volvería a arrojar superávit. La cifra supera los 7,9 millones.

Los datos contrastan con la visión de los constitucionalistas, que consideran que las pensiones vascas solo pueden sobrevivir bajo el paraguas de la Seguridad Social española. Una apuesta que puede resultar contradictoria si se tiene en cuenta que el Gobierno español se ha visto obligado a abrir la hucha de las pensiones por primera vez desde su creación en 1997 para garantizar los pagos. PSE y PP apelan al Estado para que los vascos puedan mantener sus actuales pensiones cuando el propio Estado acaba de hacer saltar las alarmas sobre la sostenibilidad de su sistema. La cifra de afiliados a la Seguridad Social continúa por debajo del umbral de los 17 millones, donde los expertos fijan la línea para asegurar la continuidad de las prestaciones, y el PP trata de poner coto al problema revisando la edad de jubilación. Además, la tasa de paro estatal se sitúa en el 25% frente al 14% de la CAV.

"sería un problema" Sin embargo, el secretario general del PP de la CAV Iñaki Oyarzábal echó mano ayer de los datos de la Seguridad Social referidos a 2011 y publicados recientemente -sitúan a la vasca como la quinta comunidad más deficitaria en pensiones, con 1.400 millones de saldo negativo- para pedir al PNV que explique "qué ocurriría el día después de la independencia". López, por su parte, quiso matizar esas cifras para rebajarlas a 900 millones, pero coincidió en el diagnóstico. "No podríamos sostenerlo y sería un problema que se agravaría con el paso del tiempo debido al progresivo envejecimiento de la sociedad vasca", arguyó tras su reunión con una delegación de CC.OO.

El jefe de Lakua consideró "un gravísimo error e irresponsabilidad" que el PNV "haya vuelto a la carga para pedir la gestión de las políticas pasivas de empleo", porque esa medida rompería una caja única de la Seguridad Social que, a su juicio, "es la garantía de la solidaridad de todos los trabajadores de este país y de que en Euskadi nuestros pensionistas puedan seguir percibiendo sus pensiones". El socialista llegó a aventurar que las prestaciones bajarían un 15%, y se detuvo caso a caso para sostener que la pensión media se vería reducida de 1.028 euros a 875, mientras las de viudedad bajaría de 712 a 605. El socialista recurrió a las cifras para oponerse al traspaso de las políticas pasivas de empleo, a pesar de que el artículo 18 del Estatuto contemple esa transferencia.

El presidente del BBB Andoni Ortuzar, por su parte y en un acto celebrado en el batzoki de Benidorm, animó a los pensionistas a no dejarse "meter miedo" porque el sistema de pensiones vasco sería "tan viable y, seguramente, más viable que lo que hoy tienen", e insistió en el traspaso de las políticas pasivas de empleo.